El proyecto de ley (Proyecto) para la protección de los animales no humanos elaborado y enviado a la Asamblea Nacional, (AN) por la Defensoría del Pueblo, (DF) merecería estar en la colección de documentos del absurdo o constar en los Récords Guinness como el sumun de la torpeza humana. Verdad es que la Corte Constitucional, al decidir el caso de la mona Estrellita dispuso que la DF prepare un proyecto de ley para proteger a los animales silvestres capturados por el hombre, pero no le dijo que, para empezar, el proyecto distinga entre animales humanos y no humanos. De manera que vaya usted a saber qué influjos, intereses o desviaciones mentales influyeron en el Proyecto.
Más allá de las aberraciones del Proyecto, incluye asuntos de tan trascendental importancia como eliminar la propiedad de todos los animales no humanos por parte de las personas. Estas son meros cuidadores o tenedores de los animales, con toda la trascendencia que ello conlleva. Con una simple reforma del artículo 585 del Código Civil, elimina a los animales o semovientes del concepto de bienes muebles y sus regulaciones. Así echa al canasto una institución que viene del derecho romano y se concreta en el Código Civil de Napoleón que con algunos ajustes llega a Ecuador a través del Código Civil chileno.
Menos mal que la Comisión Permanente de Biodiversidad y Recursos Naturales ha enviado al presidente de la Asamblea su informe sobre el dichoso proyecto para el primer debate del pleno de la AN, modificándolo sustancialmente, aunque mantiene múltiples imprecisiones, peligrosas generalidades y, sobre todo, prohibiciones y sanciones que no se ajustan a las costumbres y tradiciones de la ciudadanía ecuatoriana. Una de las primeras obligaciones del legislador es asegurarse de que las normas que expida sean de posible cumplimiento; y, en consecuencia, que el poder público tenga la posibilidad efectiva de aplicar la ley y de imponer las sanciones en ella contempladas para quienes la incumplan o la violen. La Ciencia Social y el derecho señalan que las leyes norman las costumbres de una población, no las crean. Estos absurdos legales que van contra las costumbres de los ecuatorianos se dan, probablemente, porque las universidades se han convertido en fábricas de abogados en lugar de formar juristas.
Ojalá en el pleno de la AN se presenten observaciones sustanciales al proyecto de la Comisión, de manera que el texto que finalmente se apruebe y reciba el, ejecútese del presidente de la República, sea claro, determinado, específico y posible de cumplirse.
