‘Médicos compran su equipo de protección. Maestros pagan internet para las clases. ¡Pero a los candidatos se les paga la campaña”. Es un mensaje que llegó a través de WhatsApp, con una etiqueta automática de esa plataforma que decía: “reenviado muchas veces”. Silencio… llega la reflexión: ¿lo reenvío a mis contactos?
Esta idea de que el Estado tiene que financiar las campañas electorales se topa en el 2021 con una realidad diferente, de cuando originalmente estaban dispuestas, en la época correísta, cuando había dinero y una visión política de controlarlo todo, todo, incluido cómo se debían manejar las campañas políticas (léase al pie de la letra) de sus adversarios políticos.
El cambio es dramático. Ecuador financia las campañas políticas a pesar de que es un país endeudado, con un aparato productivo en recesión por la crisis agravada por el covid-19, con efectos inmediatos en educación y salud… justo de los puntos que se habla en ese mensaje masivo que circula en WhatsApp (quizá con los USD 20 millones de las franjas publicitarias se podrían comprar más vacunas contra el coronavirus).
¿Es necesario que el Estado siga financiando la publicidad que ocuparán los candidatos en la campaña electoral? Se necesita una profunda reflexión, luego de esta pandemia, sobre los alcances de las leyes en escenarios de crisis, por no decir de catástrofe. No solo es el hecho del candado en las leyes sobre las franjas publicitarias, también está el hecho de que la actual normativa no da muchas salidas para cambiar horarios y formas de votación, lo que puede incidir dramáticamente en el resultado de los comicios, ya que muchos no sufragarán para evitar un contagio.
Que esta amarga experiencia de que el país esté casi con las manos atadas para realizar cambios urgentes en catástrofes sirva para que quienes realizan las leyes, los asambleístas, tengan un poco de sensibilidad para entender que los escenarios pueden cambiar.
¿Reenvío el mensaje? Sí.