Una sanción de USD 7 880 impuso el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) a tres miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) que dieron paso a una impugnación de los resultados electorales para la Alcaldía de Mocache, Los Ríos. A pesar de que los consejeros electorales pueden apelar la decisión, la sentencia del TCE complica más las cosas en el aire ya demasiado enrarecido que se respira en el interior del CNE.
El máximo organismo electoral ha dado muestras de una división preocupante. Hay dos bandos clarísimos: uno en el que están la presidenta del Organismo, Diana Atamaint (Conaie), y José Cabrera (PSC); en el otro Enrique Pita (Creo) y Luis Verdesoto (Junta Cívica de Guayaquil). Cada uno ha dado ruedas de prensa por separado y ha presentado proyectos de la misma forma. En el medio se encuentra Esthela Acero (AP), quien ha votado con Atamaint y Cabrera para crear una mayoría.
El muñequeo ha consistido en denuncias de Pita y Verdesoto contra las actuaciones de la mayoría, como lo expuso un reportaje publicado por este Diario, el pasado martes. De ahí que el ambiente hay estado enrarecido en el CNE, porque se vienen dos procesos importantes. Por una parte, las reformas al Código de la Democracia (Método D´Hondt, control de gasto pre-electoral, transparencia de financiamiento, etc, etc.), que tienen que ser aprobadas máximo hasta noviembre de este año. Por otra parte, las elecciones presidenciales del 2021.
En definitiva, el panorama del CNE no pinta halagador por la división interna, por los retos que debe cumplir y porque cuando más se necesitaban luces llega la sentencia del TCE por el tema de Mocache que dice que la mayoría: “al declarar la validez de un acto administrativo absolutamente nulo, incumplió principios y reglas constitucionales y legales cuya decisión puso en riesgo el debido proceso y la seguridad jurídica reconocidos en la Constitución de la República”.
Se necesita un aire democrático.