Texto y contexto crítico

Texto y contexto crítico es un espacio de ideas libres sobre la política nacional. Otros artículos del autor: http://bit.ly/jImbaquingo

Jorge Imbaquingo

Jorge R. Imbaquingo

Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central. Knight Fellow Stanford University 2012. Es periodista desde hace 23 años. Colabora con el Grupo EL COMERCIO desde el 2016 como Editor de Ciudad. Actualmente ocupa el cargo de Editor Político.

De carambola en carambola

Ecuador inicia el periodo electoral, rumbo a los comicios generales del 2021, con una amarga disputa entre cuatro movimientos, la Contraloría, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y, de carambola, la Corte Constitucional. La sensación que deja este intríngulis político-jurídico es que es más que nada lo primero. Eso socava percepción ciudadana sobre la relación elecciones-democracia.

Hay varios temas de fondo que se quedan por fuera una vez que este problema comienza a tenderse sobre unos vericuetos legales que solo son importantes para los abogados y los funcionarios de las instituciones involucradas. El tema de fondo es que se ha cuestionado la aprobación departidos con miles de firmas de respaldo, algunas muy dudosas que en una transformación tecnocrática terminaron llamándose ‘firmas en blanco’, para no describirlas como ‘rúbricas que no se pueden verificar pero que las daremos por válidas’.

Al menos sería una buena señal que en las elecciones esos partidos lograran una cantidad similar de votos a la de firmas que consiguieron para inscribirse. Entonces hay que ser osados como para presentarse y reclamar derechos con ese turbio inicio.

La independencia de los entes electorales, como un principio democrático, es algo innegable, pero hay que matizar. Sin la debida gobernanza, esa cancha puede quedar abierta para intereses nefastos.

De ahí que la intervención de la Contraloría pueda ser un acto que muestre la poca solvencia del CNE. Sin embargo, las repercusiones son insondables, pues se pide la destitución de tres consejeros del CNE, la supresión de cuatro movimientos y si el TCE no accede a las recomendaciones de Contraloría podría entrar en desacato. Y ahora es la CC quien tiene que dirimir si la Contraloría puede actuar como lo ha hecho con sus informes.

El daño está hecho: los ciudadanos ven a la política como un campo jurídico y no de derechos y democracia. Una carambola más.