La Senain manejó 310 millones en 7 años

La casa donde funciona la Senain era una mansión incautada a Filanbanco en el 2008. Foto: Archivo /EL COMERCIO

La casa donde funciona la Senain era una mansión incautada a Filanbanco en el 2008. Foto: Archivo /EL COMERCIO

La casa donde funciona la Senain era una mansión incautada a Filanbanco en el 2008. Foto: Archivo /EL COMERCIO

El anuncio presidencial sobre el cierre de la Senain desencadenó una serie de pedidos para que se transparente el manejo de sus recursos. La tarde de ayer, miércoles, 21 de marzo del 2018, el Pleno del Consejo de Participación Transitorio solicitó a la Contraloría que ejecute una auditoría especial a esa entidad en tres áreas: adquisiciones, contrataciones y gestión. Además, que audite el patrimonio de todos sus funcionarios.

El Consejo también pidió a la Fiscalía que verifique si se ha cumplido la Constitución y los protocolos que regulan el sistema de intervención e interceptación de comunicaciones, un servicio que sirve, por ejemplo, para realizar escuchas telefónicas ilegales.

Desde el 2009, cuando fue creada la Senain, su gestión ha estado salpicada de polémicas por supuestos seguimientos y ‘hackeos’ de información relacionados con opositores al expresidente Rafael Correa.

Ayer, el Consejo Transitorio dijo que la entidad manejaba información delicada y recomendó la custodia de sus archivos y equipos, ya que en el futuro “podrían servir como pruebas en el señalamiento de responsabilidades civiles, penales y administrativas”.

En la Asamblea también hubo reacciones tras el anuncio de cierre. El legislador César Carrión solicitó que la Fiscalía General del Estado tome medidas cautelares para “precautelar todos los archivos físicos y magnéticos” que se encuentran en la Senain.

Su pedido, que presentó por escrito, no tenía respuesta hasta ayer, señaló el legislador.

“Debemos saber en qué se invirtió el dinero público. ¿Qué hizo la Senain todo estos años?”, se cuestionó Carrión.

Este Diario revisó el Presupuesto del Estado desde el 2012 hasta el presente año. En esos documentos se confirma que la Secretaría de Inteligencia recibió USD 310,9 millones en los últimos siete años. Los recursos fueron entregados para ejecutar operaciones de “inteligencia estratégica”, según su propio estatuto.

Allí se dice que la entidad es la encargada de detectar las amenazas que pueden atentar contra la seguridad interna del Estado y de la democracia.

En la Ley de Seguridad Pública, que delimita el trabajo de la Senain, se incluyó el artículo 24 sobre los mecanismos de control de la institución.

La norma ordena que el ente rinda cuentas cada tres meses ante la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral de Asamblea. Y que esas reuniones se declararán “reservadas”.

La misma cláusula de secreto rige también sobre los informes, operaciones encubiertas y actuaciones judiciales.

Además, la Senain cuenta con un fondo de gastos especiales que el Estado le asigna. El control de esos recursos tampoco está regulado por la Ley de Contratación Pública, sino que se maneja de forma reservada y el único que puede pedir cuentas es el Contralor General de Estado.

Pablo Celi, contralor encargado, anunció que realizará una auditoría al proceso de liquidación del organismo. Además, alista otro informe sobre los gastos especiales de la institución.

“Como en toda institución, sujeta a liquidación de sus funciones, habrá también un examen de liquidación institucional de Senain”, dijo Celi y aclaró que ese trabajo le corresponde a él y es indelegable.

René Yandún
, miembro de la Comisión Legislativa de Soberanía, anunció que mañana (viernes 23 de marzo) pedirá a la Contraloría que levante la reserva y se transparenten las cuentas de la entidad.

“Hoy, que hay una crisis en la frontera, es indispensable conocer qué hizo la Senain. Por ejemplo, hay que determinar si hubo gastos innecesarios o si se emplearon en el pago de viajes, de qué tipo de equipos”.

Según la Ley de Seguridad del Estado (art. 26), los gastos especiales se designan “para actividades de inteligencia y contrainteligencia para le protección interna, mantenimiento del orden y defensa nacional”.

Pero en el 2017, la Contraloría detectó que con este fondo se pagó la remodelación de la casa en donde funciona la Secretaría, en el sector de Lumbisí, en Cumbayá, un valle de Quito.

El informe DAI-AI-0162-2017 revisó el proceso de adquisición del inmueble incautado a los hermanos William y Roberto Isaías, exaccionistas de Filanbanco. En ese documento, de 42 páginas, la Contraloría indicó que las remodelaciones de la casa principal y la construcción de un segundo piso fueron canceladas con el fondo de gastos especiales.

Por la confidencialidad que protege ese fondo, la Contraloría dice que no pudo analizar los montos usados para adecuar la casa. Pero observó fallas en el proceso de compra.

Por ejemplo, sobre los montos detalló que el inmueble costó USD 3,3 millones, pero la Secretaría hizo adecuaciones por USD 358 620. Estos rubros, en cambio, sí se pagaron con la cuenta de gastos corrientes.

Entre las obras que se requirieron están la adecuación de la planta baja, la remodelación del primer piso, la adquisición de un sistema metálico modular, trabajos en la terraza y readecuación del muro perimetral. Por ejemplo, solo por el muro de cerramiento el organismo canceló USD 112 944.

La Contraloría también observó que tras la compraventa, en el 2012, no hubo un acta de entrega-recepción y eso provocó que durante cuatro años la Senain no tomara posesión de una zona de 3 300 metros cuadrados, pues no estaban claros los linderos.

En contexto  

La Senain fue creada en 2009, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, en reemplazo de la Dirección Nacional de Inteligencia. El lunes pasado, el presidente Lenín Moreno anunció su proceso de eliminación como parte de un plan de austeridad.

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