Vinicio Alvarado habló desde Caracas y dio su versión sobre los aportes ilegales para Alianza País

Vanessa Zabala, abogada de Vinicio Alvarado, acudió a la Fiscalía para acompañar en la diligencia a su cliente. Foto: Vicente Costales / EL COMERCIO

El alto exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, Vinicio Alvarado, entregó la mañana de este 16 de julio del 2019 su versión en el caso Sobornos.
Él compareció desde Caracas, en Venezuela, en donde ahora reside después de que la Corte Nacional extendiera una orden de captura en su contra, que después fue retirada, gracias a que se le concedió el hábeas corpus.
Este martes, Vanessa Zavala, abogada de Alvarado, acudió a la Fiscalía para acompañar a su cliente en la diligencia.
Explicó que la versión fue una ampliación de la anterior declaración que ya dio y que básicamente negó toda participación con un esquema de sobornos y captación de dinero de contratistas estatales, quienes financiaron a Alianza País entre 2012 y 2016.
“Vinicio Alvarado se ha ratificado en los términos de su primera versión. Esto quiere decir que durante el ejercicio de la campaña del binomio presidencial Correa-Glas, ejerció de manera voluntaria y ‘ad honórem’ el ejercicio comunicacional de la compaña, colaboró con el diseño de estrategias, eslogan, productos comunicacionales de la campaña sin que se haya encontrado a su cargo el manejo y la gestión de aportes o recursos de campañas, ni del movimiento”.
Según Zavala, durante la versión, la Fiscalía la preguntó a Alvarado sobre el archivo ‘Verde Final’, encontrado en el computador de la procesada Laura Terán, en donde se registran detalles de la captación y gastos de los fondos ilícitos.
Sobre esto, la abogada subrayó que su cliente aclaró que no gestionó pagos ni recursos en la campaña presidencial del 2013 ni en las elecciones seccionales del 2014; “su labor fue en la línea de comunicación de la campaña”
Además de Terán, por este caso se encuentran procesados Alexis Mera, exsecretario Jurídico de la Asamblea, y María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte y Obras Públicas, y Pamela Martínez, exjueza Constitucional y antigua asesora de la Presidencia.