Un quiosco en donde se oferta software pirata, en Quito. Foto: Javier Ortega / El Comercio
En dos cuadras hay seis quioscos que ofertan programas y juegos piratas. Están ubicados en el norte de Quito, en los alrededores de centros universitarios. Los alumnos son clientes frecuentes de esos locales. Allí se expende una extensa lista de software ilegal. Antivirus, programas para diseño, edición de música, video, fotografías… Todo a precios asequibles.
Este Diario hizo un recorrido por tres puestos ambulantes y comparó los costos entre las licencias piratas y las originales.
Windows 8.1, por ejemplo, se comercializa en tiendas de computación a USD 160. Una copia falsa de ese mismo sistema operativo -uno de los más vendidos en el mundo- se encuentra en la calle a USD 10. Es decir, 16 veces más barato.
Algo similar ocurre con los antivirus. En los quioscos, los comerciantes ofrecen un paquete con 12 marcas distintas. Todo a USD 12. En tiendas originales, solo un programa puede costar USD 45.
¿Por qué los precios son tan bajos? ¿Hay posibilidad de estafa? Los comerciantes lo niegan. “Las licencias están actualizadas. Si el usuario tiene problemas con la instalación nosotros le ayudamos”, defiende el dueño de un local en Quito.
Pero la Alianza para los Negocios del Software (BSA, por sus siglas en inglés) señala que hay al menos cuatro riesgos detrás del uso de copias piratas: mayor exposición a virus, ausencia de la garantía, difícil acceso a actualizaciones o falta de asistencia técnica online.
Ese mismo organismo, en un informe publicado en 2014, advierte que el 68% de software que utilizan los usuarios en el Ecuador es pirata. Solo en el 2013, la venta de copias falsas movió USD 130 millones en el país, según datos de la BSA, una asociación comercial presente en más de 80 naciones.
Actualmente, el Código Orgánico Integral Penal (COIP), en vigencia desde el 10 de agosto del 2014, no tipifica la piratería como delito. Este ‘vacío legal’ tuvo repercusiones a escala internacional. En mayo del 2015, Estados Unidos incluyó a Ecuador en una lista de naciones con falencias en la protección de los derechos de autor.
Incluso, el año pasado, la Alianza Internacional de la Propiedad Intelectual pidió ejecutar al país cuatro “acciones prioritarias” para combatir la piratería. Tipificarla como delito, dar al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) apoyo necesario, intensificar los controles y frenar el fenómeno a través de la Red.
Ayer (9 de julio), los legisladores analizaron en segundo debate el paquete de reformas al COIP. El Gobierno pidió que se incluyeran sanciones penales en contra de la “falsificación de marcas y piratería lesiva contra los derechos de autor”. Es decir, castigos a las personas que vendan música, películas o software piratas.
En el primer debate, desarrollado hace dos meses, los asambleístas oficialistas y de oposición criticaron que se fijara prisión de 31 a 45 días por incurrir en esta infracción. Señalaron que se creará un “combate injusto y direccionado hacia los pequeños comerciantes de películas y música piratas”.
De allí que en el nuevo texto, debatido este jueves, se eliminó la cárcel y se fijaron multas que van de 85 salarios (USD 28 900 hasta 295 remuneraciones (USD 100 300). Eso depende del valor de la mercadería incautada.
Por ahora, esta reforma se analizará más. Mauro Andino, presidente de la Comisión de Justicia, pidió tiempo para discutir el texto con comerciantes.
Mientras eso ocurre, en las calles los locales y quioscos que ofertan productos piratas se cuentan por miles. No hay datos exactos de cuántos comercios operan a escala nacional.
La Asociación Ecuatoriana de Comerciantes de Productos Audiovisuales y Auxilios Mutuos (Asecopac) calcula que hay al menos 60 000.
Los universitarios reconocen que los precios son el “atractivo principal” para elegir licencias ilegales. Ayer, en el norte de Quito, un joven preguntaba los precios de tres tipos de productos (Windows Pro, un antivirus y el paquete de Adobe). El propietario hizo el cálculo y le dio la respuesta: USD 57 por todo. Luego de un breve regateo, el valor bajó a USD 45.
De todos los países de América del Sur, Venezuela es la nación con más software pirata entre sus usuarios, con un 88%. Le siguen Paraguay, Bolivia, Argentina y Ecuador. Según los comerciantes, los universitarios demandan sobre todo programas de edición de audio y video, juegos, paquete Office (Word, Excel…) y antivirus.