La Contraloría General del Estado volvió a ser manejada por Pablo Celi. Pese a que en este momento él está recluido en la Cárcel 4, administrativamente se encuentra habilitado desde el sábado 12 de junio. ¿Por qué?
Ese día terminó la licencia de 60 días que tomó tras ser procesado por presunta delincuencia organizada. El fin del permiso también implicó que Valentina Zárate dejara de subrogarle en el cargo. Con eso, la funcionaria pasó a ser Subcontralora General del Estado.
Toda la información fue confirmada por el ente de control, que además aseguró que Celi no ha encargado a nadie el puesto. Estos datos se hicieron públicos luego de que los agentes allanaran ayer, 17 de junio del 2021, la oficina de Zárate, el área de recursos humanos y otras oficinas.
La incursión se ejecutó luego de que la Fiscalía abriera una indagación contra Zárate por una posible usurpación y simulación de funciones, sancionada con cárcel de uno a tres años (art. 287 del COIP).
Fue en ese momento en que la Contraloría aclaró la fecha en la que se concretó el cambio de cargo de la investigada.
Este expediente se inició luego de que los agentes del servicio 1800 Delitos recibieran una llamada anónima de una persona que se identificó como Roberto. Según las pesquisas, él habría manifestado ser cercano a la Contraloría y que allí “se cometían actos ilegales, se emitían cargos sin seguir el protocolo establecido o concurso de méritos”.
Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, calificó de inédito lo que ocurre. Dijo que “se vuelve indispensable institucionalizar el funcionamiento de la Contraloría, para que los procesos de investigación y control no queden paralizados y que esta entidad ejerza su función a plenitud”.
El constitucionalista Emilio Suárez sostuvo que no tener un contralor que en la práctica ejerza las funciones es gravísimo.
“Nos deja con una imagen interna y externa desastrosa y aún más, porque la entidad de control es una de las más importantes”.
Indicó que para que no ocurra lo de ahora y la institución pueda avanzar con su trabajo, la subrogación debe ser automática.
Una de las últimas acciones que Zárate realizó como contralora subrogante fue remitir un informe de nueve páginas a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Allí consta que entre el 2007 y mayo del 2021, el ente de control determinó que se han desvanecido 4 170 glosas por USD 844,8 millones. La mayoría de esos procesos tiene relación con la estatal Petroecuador.
Según Fernando Villavicencio, presidente de esa Comisión legislativa, desvanecieron de forma ilegal provocando millonarios perjuicios al Estado. Además, indicó que gran parte de los documentos donde constan las resoluciones sobre esas glosas no podrán ser analizados, pues se quemaron durante el incendio de la Contraloría, en octubre del 2019.
Actualmente, 27 personas están acusadas de atacar las instalaciones y están llamadas a juicio por destrucción de registros, paralización de servicio público y sabotaje.
Ernesto Pazmiño, abogado de una parte de los imputados, aseguró que cuando un Tribunal fije fecha y hora para la audiencia de juicio, él armará una defensa con base en lo que dijo Villavicencio, el informe de Contraloría y las declaraciones que Zárate emitió el 21 de abril. Ese día, aseguró que el edificio fue incendiado desde adentro y no desde afuera.
El abogado intentará introducir en el expediente todo el material como prueba nueva.
Luis Guamán, abogado de otro procesado, indicó que la próxima semana vendrá a Quito para armar la defensa de su cliente y recopilar los documentos que ayuden a argumentar la tesis de inocencia.
Aseguró que analizará la información que actualmente tiene la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Cree que la “Fiscalía no ha investigado que detrás del incendio existen actos de carácter político”.