La Comisión de Fiscalización de la Asamblea abrirá un expediente por el desvanecimiento de glosas y otras presuntas irregularidades en la Contraloría General del Estado. Aunque todavía no puede arrancar con un juicio político contra el titular subrogante de la entidad, Pablo Celi, preso desde el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada.
El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio (IND), y la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo), hicieron estos anuncios, en una rueda de prensa este miércoles 16 de junio del 2021.
Villavicencio, acompañado también de Soledad Diab y Pedro Velasco, otros de los integrantes de esta mesa, sostuvo que “el juez de cuentas ha sido y es un delincuente”.
El asambleísta criticó duramente las actuaciones de Carlos Pólit y Pablo Celi, quienes encabezaron la Contraloría en los últimos 14 años y enfrentan procesos judiciales por corrupción.
Basado en información de la contralora subrogante, Valentina Zárate, con quien se reunió hace dos semanas, sostuvo que desde 2007 hasta mayo del 2021 se realizaron más de 30 mil exámenes especiales en el organismo de control.
De esos procesos, 3 205 derivaron en informes de responsabilidad penal, principalmente contra autoridades de los gobiernos locales como los municipios y prefecturas, la Comisión de Tránsito del Guayas, la Aduana y Petroecuador.
Sin embargo, Villavicencio cuestionó que ese resultado debía arrojar igual cantidad de procesos penales por peculado y delitos conexos, pero que hasta ahora ningún exfuncionario está preso por estos.
“¿Pero qué nos dice la Contraloría? Los gobiernos autónomos descentralizados, ellos son el principal nicho de corrupción, que tienen como marca informes de responsabilidad penal”, añadió.
También cuestionó que en los últimos 14 años fueran desvanecidas 4 mil glosas por un valor que asciende a USD 844 millones, pero no se precisó cuántas de ellas se dieron de manera justificada.
Aseguró que algunas fueron desvanecidas “de forma ilegal” como una que habría impedido al exministro del expresidente Rafael Correa, Galo Chiriboga, ejercer como Fiscal General y otra contra compañías de telecomunicaciones. También aludió al caso de la constructora Odebrecht.
Según Villavicencio, el organismo de control no tendría digitalizada la información desde 2015 hacia atrás, a pesar de que Celi había señalado que la entidad contaba con un Data Center.
Afirmó que en el incendio de la sede de la Contraloría, que se dio en las violentas protestas de octubre de 2019, “se quemó gran parte del mapa de la corrupción del país”.
La vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización presentó ante la prensa el informe del Cuerpo de Bomberos de Quito, en el cual se determinó que el fuego se originó manualmente desde dentro del edificio con bombas molotov, y de manera discriminada en los pisos donde operaba la Unidad de Responsabilidades Penales y constaba información sobre glosas y otros temas sensibles.
Los asambleístas aseguraron que enviaran esta información a las instancias judiciales para el proceso que enfrenta Celi, y pidieron a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori (PK), que incluya en el orden del día del Pleno una resolución sobre los plazos para el trámite de los juicios políticos contra el Contralor y el exministro René Ortíz, que dejó en marcha la anterior Legislatura.
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