La Contraloría General del Estado, actualmente al mando de Valentina Zárate, difundió su informe de gestión, efectuado entre marzo y diciembre del 2020.
Según la entidad, en ese periodo se emitieron 260 órdenes de trabajo, para iniciar exámenes especiales en los hospitales y dependencias del Ministerio de Salud Pública, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional (ISSPOL), Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), Gobiernos Autónomos Descentralizados y otras entidades de la Función Ejecutiva, en el contexto de la pandemia del covid-19.
Con corte al 31 de diciembre de 2020, dice Contraloría, se aprobaron 134 auditorías y se remitieron a la Fiscalía General del Estado 64 informes con indicios de responsabilidad penal. En el informe se advierte de falencias recurrentes en la aplicación de la normativa y aprovechamientos sistemáticos de los vacíos legales y las flexibilidades de los sistemas informáticos, para beneficiar a ciertos proveedores.
Entre los informes con indicios de responsabilidad penal, hay 22 correspondientes a GAD y empresas públicas provinciales, así como 15 correspondientes a dependencias del Ministerio de Salud.
Entre los hallazgos, se menciona que se solicitó proformas directamente, sin utilizar el Sistema Nacional de Compras Públicas ni consultar procesos anteriores para buscar proveedores y obtener los mejores precios. También se menciona que los proveedores seleccionados estaban registrados en actividades comerciales que no tienen relación con los servicios solicitados.
Además, los oferentes estaban relacionados entre sí a través de sus accionistas o comercialmente. También se identificó relaciones con los subcontratistas, lo que está prohibido por la Ley. Asimismo, se identificó sobrevaloración de bienes y pagos injustificados. También hubo casos en los que se aplicó el IVA a todos los productos de los kits alimenticios, aunque algunos no gravan dicho impuesto.
La Contraloría también inició 70 auditorías, relacionadas a la emisión de carnés de discapacidad. De ellas, 16 exámenes ya finalizaron y hay dos con indicios de responsabilidad penal.
Entre los hallazgos, se menciona que hubo 808 carnés expedidos sucesivamente, en rangos de entre 3 a 25 minutos. Otros 74 fueron emitidos en fines de semana. También hubo emisiones continuas de hasta 3 carnés en aproximadamente 20 minutos, fuera de la jornada laboral.
La Contraloría también detectó que hubo carnés emitidos durante la cuarentena por la pandemia cuando las atenciones por consulta externa estaban suspendidas. Igualmente, se detallan expedientes incompletos, sin historias clínicas, informes de especialistas, certificados médicos, evaluación de trabajo social, ni exámenes complementarios.
El ente de control asegura que médicos y psicólogos asignaron porcentajes de trabajo social sin ser especialistas en el área, asumiendo funciones que no les correspondían. También se detectaron carnés de discapacidad sin firmas ni sellos de responsabilidad.
“Se desconocen los análisis y los métodos aplicados por los equipos calificadores para asignar los porcentajes de discapacidad”, reza el informe.
