
El Gobierno Nacional ejecutó 26 intervenciones en diversas provincias del país para desarticular redes dedicadas al secuestro y la extorsión, logrando la liberación de ocho ciudadanos.
Entre el 20 y el 26 de julio de 2026, el Ministerio del Interior y la Policía Nacional llevaron a cabo una serie de acciones coordinadas bajo la estrategia denominada “Libertad”.
Esta campaña se enfocó en neutralizar estructuras delictivas responsables de delitos contra la libertad y el patrimonio de los ecuatorianos.
Las acciones policiales se concentraron en las zonas de mayor incidencia delictiva. El despliegue abarcó las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Santa Elena, Manabí, Esmeraldas, Pichincha y Santo Domingo de los Tsáchilas.
Asimismo, las intervenciones llegaron hasta los territorios de la Sierra Centro, Sierra Norte y la región Amazónica. El objetivo estratégico de esta movilización fue reducir la capacidad operativa de las bandas dedicadas al cobro de extorsiones y a la privación ilegal de libertad.
El balance del operativo arrojó la aprehensión de 64 personas. Según los reportes policiales, 26 de los detenidos estarían vinculados directamente a organizaciones delictivas como “Chone Killers”, “Los Choneros” y “Los Lobos”.
Además de las capturas, la intervención evitó que los ciudadanos fueran perjudicados por un total de 444 595 dólares, cifra correspondiente a los montos exigidos bajo amenazas y secuestros.
Uno de los logros principales de la campaña fue la liberación de ocho personas que se encontraban en cautiverio. Tras el rescate, los equipos especializados de la Policía Nacional brindaron asistencia médica inmediata a las víctimas, asegurando su bienestar antes de proceder a la reunificación con sus núcleos familiares.
Este acompañamiento técnico es parte esencial del protocolo tras la intervención de la Unase en situaciones de riesgo extremo.
Las autoridades confirmaron que el trabajo de inteligencia no termina con las detenciones. Actualmente, se analizan los movimientos financieros, la logística utilizada por los grupos delictivos y las redes de apoyo de los autores materiales.
Los indicios incautados durante estos siete días de operativos están siendo sometidos a análisis periciales para determinar si los involucrados poseen nexos con otros eventos delictivos registrados previamente en el territorio nacional.