La orden judicial se remitió a la Fiscalía General del Estado. A través de un oficio, un juez penal solicitó a la entidad fiscal que nombre a un agente investigador y a su equipo de campo para que ubique a César Yunda, primo del alcalde de Quito, Jorge Yunda.
Esta solicitud se realiza en torno a la investigación por el caso de asociación ilícita de los chats encontrados en el celular de Sebastián Yunda, hijo del Burgomaestre.
Según el relato judicial, se requiere la ubicación de César Yunda para que “de manera inmediata acredite patrocinio legal y señale casillero judicial en la presente instrucción fiscal“.
Actualmente, el primo del alcalde Yunda está prófugo de la justicia. Informes policiales revelan que salió del país con destino a México.
No obstante, la Fiscalía requiere su ubicación para que su procesamiento penal avance. La misma situación sucede con el hijo del Alcalde. Él también es requerido por la justicia.
La instrucción fiscal inició con la toma de versiones de los implicados. El viernes 10 de septiembre, el sobrino del alcalde Jorge Yunda y su exjefa de despacho no acudieron a rendir sus testimonios.
Por eso, el juez del caso ordenó un segundo llamado para los dos implicados. Ellos deberán presentarse el próximo martes 14 de septiembre. En caso de no acudir, el juez pedirá una tercera convocatoria antes de emitir una orden de búsqueda por parte de la Policía.
Pero ambos no son los únicos que han faltado a sus versiones. El viernes en la tarde también estaban convocados otros dos funcionarios públicos. Solo uno asistió a la diligencia.
En este caso hay seis imputados. Durante la audiencia de formulación de cargos, que se realizó el pasado 3 de septiembre, un juez no aceptó el pedido de Fiscalía y les dictó medidas alternativas a la prisión preventiva. Los procesados tienen prohibido salir del país y también deben presentarse periódicamente ante una autoridad judicial.
Según las pesquisas, en los chats del celular del hijo de Yunda se detectaron presuntos actos de corrupción en el Municipio de Quito. Esas conversaciones fueron sometidas a una pericia y ahora la Fiscalía dice que hay pruebas del delito.