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Tres audiencias claves definirán el futuro de Jorge Yunda en septiembre

Jorge Yunda regresó a la Alcaldía después de que una sentencia de la Corte Provincial de Pichincha dejara sin efecto su remoción. Foto: Archivo / EL COMERCIO

A las 14:00 de este 9 de septiembre, Jorge Yunda enfrentará la primera de las tres audiencias que están previstas durante este mes. Del fallo de ellas depende la resolución del conflicto legal que envuelve a la Alcaldía de Quito.

Arturo Cabrera, juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), presidirá la audiencia de prueba en el caso sobre una supuesta infracción electoral muy grave. Jéssica Jaramillo y Sara Serrano intentarán demostrar que Yunda incumplió la resolución del pasado 1 de julio, cuando el TCE dijo que el Concejo Metropoli­tano cumplió las formalidades dentro del proceso de remoción.

La plataforma Todos por Quito, que aglutina a sectores productivos como la Cámara de Comercio de Quito (CCQ) y a personas de la sociedad civil, realizará un plantón en las afueras el TCE, a las 12:30. Según Carlos Loaiza, presidente de la CCQ, el objetivo es solicitar que esa entidad resuelva la situación legal que le ha restado gobernabilidad a la capital.

#ENVIVO | Jéssica Jaramillo, quién denunció a Jorge Yunda por infracción electoral muy grave, habla sobre la audiencia de esta tarde en el Tribunal Contencioso Electoral

Posted by El Comercio on Thursday, September 9, 2021

Otra instancia en la que Yunda tendrá que defenderse es la Corte Constitucional (CC). El próximo lunes se desarrollará la audiencia, que es parte del tratamiento de la acción extraordinaria de protección solicitada por los concejales Santiago Guarderas y Mónica Sandoval.

Finalmente, el próximo 29 de septiembre está previsto que se inicie la audiencia de juicio por un presunto delito de peculado en la compra de pruebas para detectar covid-19.

En las tres vías, la decisión de cada autoridad competente podría definir el futuro de Yunda en la Alcaldía.

Actualmente, Yunda se mantiene en el cargo por una acción de protección ratificada por la Corte Provincial de Pichincha, que echó abajo lo actuado por el Concejo.

El miércoles 8 de septiembre, en el programa ‘Un café con JJ’, Yunda insistió en que la remoción no es válida y que, a pesar de que ha interpuesto todos los recurso legales posibles, no se aferra al cargo sino que defiende a sus votantes.

TCE juzgará una infracción

Antecedente. El 1 de julio pasado, el tribunal Contencioso Electoral (TCE), con tres votos de mayoría y dos concurrentes, resolvió la consulta hecha por la defensa de Jorge Yunda. Ese recurso tenía como finalidad saber si la remoción cumplió con las formalidades establecidas en el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial. La decisión quedó en firme desde el 8 de julio pasado. Sin embargo, Yunda se mantuvo en el cargo por una acción de protección concedida por la jueza María Belén Domínguez, y por las medidas cautelares que le fueron otorgadas por el juez Carlos Soto. Las medidas cautelares prohibieron que el Concejo Metropolitano ejecutara la remoción mientras la Corte Provincial no se pronunciara sobre la ratificación o revocatoria de la acción de protección concedida por Domínguez.

Escenarios. El director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Santiago Ron, dijo que este jueves el juez Cabrera tiene dos opciones. Una es que se declare infractor a Yunda. En ese caso, podrían sancionarlo con la pérdida de los derechos políticos, destitución o una multa. A su criterio, las sanciones claves serían las relacionadas con derechos políticos o la destitución, porque impedirían que ejerciese su cargo. Sin embargo, ambas partes podrían apelar la decisión de Cabrera y se trataría en última instancia en el Pleno del TCE. Si se determina que no hubo infracción, se mantendría en el cargo.

Corte Constitucional define quién es Alcalde

Antecedente. El conflicto de la Alcaldía llegó al máximo organismo de interpretación constitucional después de que la sentencia del TCE y de la Corte Provincial se contrapusieran. Santiago Guarderas, quien asumió la Alcaldía por 11 días, tras el levantamiento de la medidas cautelares el 19 de julio pasado, tuvo que dejar el Despacho cuando la Corte Provincial de Pichincha ratificó lo actuado por María Belén Domínguez y dejó sin efecto la remoción. Ante eso, el ahora concejal recurrió a la acción extraordinaria de protección, último recurso dentro del proceso, para que esa entidad determinase si esas sentencias vulneraron derechos constitucionales. El próximo lunes, la magistrada constitucional Karla Andrade escuchará a las partes. Después de la etapa de sustanciación, Andrade elaborará un proyecto de sentencia, que se discutirá en el Pleno de la Corte Constitucional (CC). Para aprobarlo se necesitan al menos cinco de los nueve votos posibles.

Escenarios. El constitucionalista Gonzalo Muñoz explicó que hay dos opciones. La primera es que la CC determine violación de derechos. Ahí quedarían sin efecto las sentencias de Domínguez y de la Corte Provincial, con lo que Yunda saldría del cargo.

La otra posibilidad es que se concluya que no hay dicha violación y Yunda permanecería en el cargo, a menos que el TCE decida quitarle los derechos ­políticos.

Decisión penal lo inhabilita

Antecedente. Lo que en un inicio le sirvió a Yunda para retomar la credibilidad perdida durante las protestas de octubre del 2019, se convirtió en un grave conflicto legal. En abril del 2020, la Secretaría de Salud del Municipio compró 100 000 pruebas de diagnóstico de covid-19. Hoy, el Alcalde enfrenta una acusación por presunto peculado en dicha adquisición. El Tribunal penal de la Corte Provincial de Pichincha convocó a la audiencia de juicio en su contra y de 13 procesados más. Según la teoría del caso que ha presentado la Fiscalía, en el contrato para la adquisición de los test se estableció que debían ser PCR-polimerasa. Sin embargo, se entregaron pruebas del tipo RT-Lamp. Además, plantea que al detectarse eso, el Municipio no terminó el contrato de manera unilateral para cobrar las garantías. Jorge Yunda y las defensas de los implicados han dicho que es la Arcsa la que cataloga y aprueba los test, y que las pruebas tipo Lamp, al igual que las PCR, son moleculares.

Escenarios. El penalista Pablo Encalada explicó que está previsto que el juicio dure al menos un mes. Pero es solo la primera instancia. Yunda podría apelar y llegar a casación. Con medidas alternativas (grillete), podría continuar ejerciendo el cargo hasta que se resuelva su inocencia o su culpabilidad en última instancia, lo que puede tomar un año y medio. Una sentencia penal final en su contra lo inhabilitaría.

#ATENCIÓN | TCE confirmó audiencia por caso Yunda en la Alcaldía de #Quito; colectivo lo acusa de infracción electoral y convoca a un plantón » https://bit.ly/3DZ1pz5

Posted by El Comercio on Wednesday, September 8, 2021

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