En la Penitenciaría del Litoral, policías con el apoyo de militares realizaron una requisa masiva de objetos prohibidos. La intervención se dio el 3 de septiembre de 2022, en dos pabellones de ese centro carcelario.
Los uniformados se incautaron de miles de artículos prohibidos dentro de la cárcel. En esa lista consta dos fusiles y una pistola, 3 393 municiones de diferentes calibres, 82 cartuchos sin percutir,75 espadas artesanales, armas blancas y cinco artefactos explosivos.
Además, encontraron 11 celulares, ocho parlantes, 23 cargadores, seis auriculares, nueve cables USB, cuatro relojes, seis routers, cuatro cadenas (tipo joyas) y 100 litros de alcohol
¿Cómo se sanciona ese delito?
El artículo 275 del Código Integral Penal (COIP) sanciona con cárcel de uno a tres años a quien cometa el delito de ingreso de artículos prohibidos.
Ese ilícito se configura cuando una persona ingresa a cárcel bebidas alcohólicas, droga, armas, teléfonos celulares o equipos de comunicación; bienes u objetos prohibidos adheridos al cuerpo o a sus prendas de vestir.
Según la normativa penal, la misma pena se aplica cuando los objetos prohibidos se encuentren en el interior de los centros de rehabilitación social o en posesión de la persona privada de libertad.
Reacciones
Este año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la situación carcelaria del Ecuador. En ese documento se detalla que las autoridades estatales reconocieron que “la corrupción ha facilitado el ingreso a los centros de privación de libertad de drogas, armas corto punzantes, armas de fuego de corto y largo alcance e incluso explosivos”.
Ese organismo internacional recomendó al Estado “evitar de manera efectiva el ingreso de objetos prohibidos por la ley, a través de registros e inspecciones periódicas y la utilización de medios tecnológicos”.
La CIDH añadió que todos los procedimientos de ingreso y de control deben realizarse bajo estándares internacionales.
En el 2020, la Defensoría del Pueblo también emitió un informe que señalaba que el “manejo y comercialización” de artículos prohibidos al interior de los centros penitenciarios “genera la mayor parte de los recurrentes hechos de violencia”.