Familiares de detenidos en la Penitenciaría del Litoral presentaron medida cautelar ante la CIDH
Policías realizaron patrullajes en la Penitenciaría del Litoral el 4 de noviembre del 2022. Foto: EL COMERCIO
El Comité de Familiares por Justicia en Cárceles presentó una medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exigir al Estado información y contención emocional, entre otros puntos.
La acción judicial tiene el "objetivo central de exigir la protección de los derechos de las personas privadas de libertad (PPL) y sus familias".
La medida cuenta con el apoyo del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), la Alianza de Organizaciones por los Derechos Humanos del Ecuador y la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad (Rimuf).
Desde el 1 de noviembre, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (Snai) trasladó a unos 1 500 detenidos a otras cárceles del país y dentro del mismo complejo carcelario ubicado al norte de Guayaquil. El plan tiene como objetivo controlar el lugar y mejorar las condiciones del confinamiento.
Esta reubicación ha dejado un saldo de dos detenidos asesinados y seis heridos. Mientras que en las fuerzas del orden se reportaron 15 policías y cuatro militares heridos.
Una medida cautelar es un mecanismo de protección de la CIDH, mediante la cual ésta solicita a un Estado que proteja a una o más personas que estén en una situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable.
El pedido
La medida cautelar busca que el Estado garantice espacios de contención emocional y médica a las familias de las personas privadas de libertad.
Los familiares permanecen en muchos casos en los alrededores de los centros penitenciarios a la espera de información desde el día lunes 31 de octubre de 2022, cuando circularon rumores de enfriamientos.
Otro punto que se pide en el escrito es que se establezcan mecanismos oficiales, "integrales y directos", de transferencia inmediata de información sobre la situación de las personas detenidas a sus familiares.
En la medida cautelar además se pide que se garantice la integridad personal y la vida de las personas privadas de libertad, así como el restablecimiento del orden y control en los centros penitenciarios por parte del Estado para evitar grave daño a la integridad personal y vida de sus familiares.
Se sugiere que el Gobierno informe, dentro del plazo de 15 días, contados a partir del 3 de noviembre, sobre la adopción de medidas y actualice dicha información en forma periódica.
Esta medida cautelar fue firmada por 10 familiares de personas privadas de libertad, en representación de las casi mil familias que están haciendo vigilia permanente afuera de la Penitenciaría del Litoral.
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