Por medio de un escrito, el fiscal General, Galo Chiriboga, informó hoy, 22 de julio de 2015, que ya solicitó al Directorio de Arcotel se realice una auditoría a las intercepciones telefónicas realizadas por el Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica que corresponde a la Fiscalía. La idea es conocer que se ha hecho legalmente.
“Solicité se me informe que cada escucha telefónica a qué indagación corresponde, qué fiscal solicitó y qué juez autorizó. Esto para que el país sepa si hubo alguna interceptación sin autorización legal”, indicó.
En el documento, entregado ayer, se contempla las intercepciones telefónicas que se han realizado desde el 17 de diciembre del 2013, fecha que inició a funcionar el Sistema.
Chiriboga también justificó que las intercepciones se dan solo para llamadas de voz y de mensajes SMS. Esto únicamente a quienes estén involucrados en delitos penales o en los casos que están en indagación previa.
El Código Penal permite que la Fiscalía intervenga llamadas telefónicas (Art. 456). Sin embargo, para esto se requiere una autorización de un juez de Garantías Penales.
Además, el Sistema de Vigilancia Técnica Electrónica de la Fiscalía funciona en el edificio de la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain). Sin embargo, Chiriboga advierte que solo es por cuestiones logísticas que los componentes de la plataforma informática se encuentran en estas instalaciones.
También se indicó que las intercepciones han servido para desarticular y detener organizaciones delictivas. Por ejemplo, el caso ‘Medusa’, en donde hubo 10 sentenciados por tráfico de personas con fines de explotación. Según las autoridades, los audios de las llamadas determinaron la función de los implicados en dicha organización.