Daniel Mendoza ingresó en el programa de protección a víctimas y testigos
Mendoza no ha confirmado hasta el momento si tienen un acuerdo de cooperación con la Fiscalía.
Daniel Mendoza, exasambleísta acusado de delincuencia organizada, ingresó al Programa de Protección a Víctimas y Testigos. La fiscal general del Estado, Diana Salazar, lo solicitó y Marco Rodríguez, juez de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador, lo aprobó el 18 de julio del 2020.
La Fiscalía no ha confirmado hasta el momento si ha establecido un acuerdo de cooperación con el procesado por irregularidades en la adjudicación del contrato en 2019 para la construcción del Hospital de Pedernales, en Manabí. Sin embargo, Gabriela Moreira, abogada del exlegislador de Alianza País y del movimiento Mejor, ha señalado que él ha cooperado con la investigación.
La semana pasada, por ejemplo, Mendoza entregó voluntariamente una muestra de su voz para que fuera cotejada con audios de llamadas telefónicas interceptadas por la Policía, gracias a una autorización judicial.
En medio de las pruebas periciales efectuadas a los audios, el viernes 17 de julio del 2020 la Fiscalía vinculó en el proceso al asambleísta Elizeo Azuero y el juez nacional Marco Rodríguez dictó orden de prisión preventiva en su contra.
#URGENTE | Juez de la @CorteNacional dicta prisión preventiva contra el asambleísta Eliseo A.; Jorge J., subdirector del Servicio de Contratación de Obras; Jean B., exasesor de Daniel M.; y, 10 personas más por el delito de delincuencia organizada #FuerzaDeTarea pic.twitter.com/RWO6VCCVkP
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) July 17, 2020
Junto con Azuero también se dictó orden de prisión en contra del exgerente del Servicio de Contratación de Obra (Secob), Edmundo Tamayo; el subdirector de Secob, Jorge J.; el asesor de Daniel Mendoza en la Asamblea, Jean B., y otras 10 personas.
La Fiscalía los investiga por la supuesta participación en una red ilícita que habría favorecido a empresarios con la adjudicación de obras en Manabí.
Al pronunciarse sobre el pedido de la fiscal Salazar, el sábado 19 de julio, el juez Marco Rodríguez dispuso que para garantizar su seguridad, el exlegislador Mendoza debe permanecer en la Cárcel 4, ubicada en el sector de El Condado, en el norte de Quito, mientras que los demás procesados deben ser trasladados a otros centros penitenciarios.
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