Manzur fue elegido para ese cargo la tarde del martes. Foto: Consejo de la Judicatura
La Corte Provincial de Justicia del Guayas tiene nuevo titular. Este miércoles, 3 de enero del 2018, fue posesionado Gabriel Manzur, para el periodo 2018-2020, en reemplazo de Pedro Ortega, quien estuvo al frente del ente entre el 2016-2018.
El departamento de Comunicación del Consejo de la Judicatura informó que la renovación se basa en el artículo 210 del Código Orgánico de la Función Judicial. Allí se establece que la elección del presidente provincial se hará hasta la primera quincena de cada año. Y que el presidente estará dos años en su cargo.
Manzur fue elegido para ese cargo la tarde del martes, con 42 votos de un total de 48 jueces de Sala presentes. Él desde 2012 se desempeñó como Juez de la Sala Especializada Penal de la Corte Provincial y en 2010 fue Juez Sexto de Garantías Penales de Guayas. En la función pública, ha ejercido además como Notario Trigésimo Séptimo y Duodécimo de Guayaquil.
Manzur, de 44 años, es Doctor en Jurisprudencia, egresado de un masterado en Derecho Económico Internacional, y posee Diplomados en Mediación; Reforma procesal penal, litigación oral y argumentación jurídica; y, una especialidad en Derecho constitucional y Derechos humanos.
Durante la sesión de posesión, Ortega tomó juramento solemne a Manzur como nuevo Presidente, quien se dirigió a los jueces y juezas para agradecer el respaldo mayoritario. En su discurso los llamó a mantener la unidad judicial y a colaborar con propuestas para el mejorar el servicio. “Entre nuestros propósitos están incentivar procesos de capacitación para los magistrados, y unificar criterios jurídicos con las cortes provinciales y nacionales”, dijo.
Ortega, de su parte, deja el cargo tras dos años de periodo. En la etapa final recibió la denuncia de exjueces por presunto tráfico de influencias. Sin embargo, la acusación fue desestimada, por lo que los exmagistrados, a través de su abogado Hernán Ulloa, manifestaron su rechazo al archivo de la denuncia en diciembre pasado. Los exjueces habían denunciado supuestas presiones políticas en sus despachos.