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Contraloría halló indicios penales en la primera adjudicación para la construcción del Hospital de Pedernales

Según la Contraloría General del Estado, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob no verificaron la validez legal de las garantías de buen u

Según la Contraloría General del Estado, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob no verificaron la validez legal de las garantías de buen u

Según la Contraloría General del Estado, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob no verificaron la validez legal de las garantías de buen uso de anticipo para el Hospital Básico de Pedernales. En la foto, el sitio donde se construye el hospital público en Manabí. Foto Twitter Gobernación de Manabí

La Contraloría General aprobó este martes, 19 de mayo del 2020, un informe con indicios de responsabilidad penal (IRP), por el primer contrato de construcción del Hospital Básico de Pedernales, en Manabí. El Servicio de Contratación de Obras (Secob) adjudicó este contrato a TIPPMANN S.A., el 6 de agosto del 2019, por un valor de USD 15,7 millones.

Según el ente de control, el equipo de auditoría estableció irregularidades. Por ejemplo, la constructora solicitó el pago del anticipo de la obra, aunque los funcionarios del Secob, encargados de revisar la documentación, no verificaron la validez legal de las garantías de buen uso de anticipo. Tampoco lo hicieron con las garantías de fiel cumplimiento del contrato, emitidas por una cooperativa de ahorro y crédito.

El informe concluye que los funcionarios y la contratista pusieron en riesgo los recursos públicos por USD 15,7 millones, al utilizar “garantías carentes de legalidad como respaldo para la ejecución del hospital”. Además, se señala que la falta de diligencia en la administración de los fondos fue puesta en conocimiento de la Fiscalía General del Estado, para que continúe con las investigaciones.

En septiembre del 2019, la administradora del contrato informó de esto a Secob y recomendó que se eche abajo el contrato, “con el fin de salvaguardar los intereses del Estado”. Sin embargo, el exdirector general dispuso que se conceda cinco días para que el representante de la empresa entregue las garantías, “permitiendo que se mantenga suscrito un contrato sin que los recursos a desembolsar estén garantizados”- Esto no estaría permitido por la Ley, señala la Contraloría.

Tras finalizar este acuerdo, el Secob inició otro proceso para seleccionar una segunda contratista. Esta segunda adjudicación fue en diciembre del 2019, al Consorcio Perdernales-Manabí. Hoy también es auditada por la Contraloría.

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