¿119 carnés de discapacidad se entregaron con irregularidades? La Contraloría se pronuncia
La Contraloría dice que halló posibles anomalías en 13 provincias. Foto referencial EL COMERCIO
Siete meses después de que se comenzara a auditar la entrega de carnés de discapacidad a escala nacional, la Contraloría General del Estado emitió un informe con los primeros resultados.
La entidad determinó que 119 credenciales fueron emitidas con presuntas irregularidades entre marzo del 2014 y julio del 2020. Según los auditores, estos documentos fueron entregados en 13 provincias.
En la lista están Pichincha, Imbabura, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar, Cañar, Napo, Carchi, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua, Orellana, Pastaza y Sucumbíos.
El pasado 22 de julio, la Contraloría abrió 70 exámenes especiales. Hasta el momento se han aprobado 27 y están pendientes 43.
Los primeros hallazgos muestran 14 inconsistencias. Por ejemplo, 65 personas recibieron los carnés de discapacidad con exámenes médicos realizados fuera de la red pública de salud.
El artículo 12 del Reglamento para la Calificación, Recalificación y Acreditación de Personas con Discapacidad establece que solo serán válidas las pruebas emitidas por los hospitales y clínicas de esa red.
Los auditores determinaron “que los porcentajes de discapacidad asignados no guardan relación con lo expuesto en los certificados”.
Además, los expedientes físicos y digitales de otras 51 personas estaban incompletos o tenían inconsistencias. “No contienen informes médicos, exámenes complementarios ni certificados de trabajo social”.
En los informes del ente de control, a los que accedió este Diario, se detalla que tres personas accedieron a las credenciales con exámenes emitidos hace más de un año.
El Reglamento señala que estos deben tener una vigencia de máximo un año.
Otra presunta irregularidad es que los obtuvieron durante la cuarentena por el covid-19, a pesar de que estos trámites se encontraban suspendidos.
Esa paralización comenzó el 16 de marzo del año pasado, cuando estalló la pandemia.
El Ministerio de Salud indica que las primeras alertas de posibles problemas fueron detectadas por la Dirección Nacional de Discapacidades.
Por eso se conformaron “equipos de control y monitoreo para revisar los procesos de calificación ejecutados desde mayo del 2013 y durante la emergencia sanitaria por el virus”.
Tras conocer estos hechos, Salud presentó denuncias en la Fiscalía. Esa entidad confirmó que tiene 47 expedientes abiertos y que hay 291 investigados por haberse beneficiado del carné o por haberlo emitido con supuestas irregularidades.
Entre las personas señaladas existen médicos, funcionarios públicos y autoridades.
El pasado 3 julio, por ejemplo, se abrió una investigación previa por el presunto delito de delincuencia organizada.
Los fiscales también indagan asociación ilícita, falsificación y uso de documentos, etc.
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