María Arboleda, secretaria Técnica de Transparencia del Cpccs transitorio. Foto: EL COMERCIO
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio (Cpccs) entregó ayer en la Fiscalía General una denuncia en contra del prefecto de Manabí, Mariano Zambrano, y de su hijo, el asambleísta Mariano Zambrano Vera, por supuesta delincuencia organizada.
Byron Pacheco, procurador judicial del Cpccs transitorio, entregó 14 hojas de denuncia e indicó que pedirán que se investigue una posible concurrencia de delitos como enriquecimiento ilícito, testaferrismo, tráfico de influencias, perjurio y lavado de activos.
Según las primeras investigaciones realizadas por el Consejo transitorio, esos delitos se habrían cometido en el período 2011 – 2015 y habrían generado un perjuicio para el Estado de más de USD 70 millones.
La secretaria Técnica de Transparencia y Lucha contra la Corrupción del Consejo, María Arboleda, también estuvo presente en la diligencia. Ella señaló que es fundamental que el caso sea tratado desde la Fiscalía General del Estado, por cuanto Mariano Zambrano Vera tiene fuero de Corte Nacional, pero sobre todo, porque cree que no hay garantías para que el proceso se lleve a cabo en Manabí.
“El escenario allá está contaminado”, mencionó.
Pacheco además señaló que han reportado a la Unidad de Análisis Financiero (UAFE) algunos movimientos económicos inusuales.
Citó, por ejemplo, que en un solo día se habrían transferido USD 15 millones desde las empresas del asambleísta Zambrano. “Nos llamó la atención que la Superintendencia de Compañías, que está obligada a hacer un control, no haya emitido una alerta”.
También dijo que el legislador estaría impedido de ejercer cargo público “porque en la Superintendencia de Compañías consta como presidente y accionista de la empresa Manta Host”.
Tras conocer de esta denuncia, el legislador se pronunció en la Asamblea Nacional. Allí dijo que no puede hacer mayores declaraciones sobre el tema, porque no ha sido notificado.
Pero mencionó que le parece extraño que se haya aseverado por parte de los funcionarios la concurrencia de delitos, “cuando ni siquiera la Fiscalía ha procesado la información”.
Respecto a su participación en la empresa Manta Host indicó que sus acciones son minoritarias y que por ello no existe ningún impedimento para que él pueda desempeñarse como asambleísta.
Este Diario intentó contactarse con el prefecto Mariano Zambrano, pero no fue posible. En agosto del año pasado, dijo que era un “ataque político” la denuncia que habían presentado en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito los abogados Francisco Bravo, Marcelo Farfán y el exlegislador Leonardo Viteri.
Por otra parte, Arboleda anunció que el Cpccs transitorio también trabajará en una evaluación relacionada con la reconstrucción tras el terremoto del 16 de abril.
En la Secretaría Técnica de Transparencia ya cuentan con “fuertes evidencias de tramas de corrupción”, dijo la funcionaria.
Tanto ella como el procurador aprovecharon para hacer públicas las amenazas de las que dicen haber sido víctimas desde que empezaron a investigar estos casos.