Este miércoles, 21 de noviembre, dirigentes de transportistas de Imbabura y de Pichincha analizaron las reformas. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Este miércoles 21 de noviembre, un día después de que marcharan en Quito, al menos 50 dirigentes de la transportación de Pichincha e Imbabura fueron recibidos por siete de nueve legisladores de la Comisión parlamentaria que analiza las reformas a la Ley Vial.
Mientras llegaba al salón José María Lequerica, el presidente de la Comisión, Fafo Gavilánez, dijo que están abiertos a las sugerencias de los sectores. “Esto (modificaciones) no está escrito en piedra, mientras más criterios… es mejor”.
El informe para primer debate, cuyo análisis comenzó el 19 de octubre pasado, fue firmado por 19 asambleístas. Ese grupo propuso cambios en 40 artículos e incluyó otros 21.
En ese listado aparece una reforma que exige una “capacitación integral y permanente”.
Actualmente, una persona puede obtener una licencia para bus interprovincial solo con un curso de siete meses.
Los aspirantes deben cumplir 560 horas de capacitación, pero apenas 60 son de práctica. Y las evaluaciones se realizan cuando se renueva la licencia, es decir, cinco años.
En la legislatura se estudia la posibilidad de aumentar a dos años los cursos que se imparten en 73 escuelas que la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) acreditó en el país para la formación de este tipo de conductores. Ese proceso será controlado por la ANT, en coordinación con el denominado Sistema Nacional de Cualificaciones Profesionales.
Pero los conductores dicen que los cambios planteados son punitivos, y ayer pidieron que se tomasen en cuenta planteamientos como la flexibilización de sanciones por infracciones de tránsito.
En las reformas constan siete artículos que endurecen las amonestaciones por no dar protección y seguridad al usuario, por reincidir en la infracción, por cobrar tarifas no autorizadas, por usar frecuencias no permitidas, por no afiliar a los conductores y a los ayudantes, por no mantener una caja común, entre otros.
Además, se agudizan las sanciones por realizar operaciones clandestinas de servicio o transportación y se propone que en caso de accidentes de tránsito también sean sancionadas las operadoras y no solo los dueños de los buses.
Actualmente, cuando hay accidentes en las carreteras los procesos judiciales se dirigen al chofer, mientras que las cooperativas son sancionadas administrativamente.
Por ejemplo, entre mayo del 2016 y mayo del 2017 se iniciaron procesos en contra de 73 operadoras de transporte.
En cambio, entre mayo del 2017 y mayo del 2018 sumaron 65 expedientes. Entre junio y julio de este año fueron 22.
En la reunión de ayer también estuvieron dirigentes de Imbabura, que la semana pasada bloquearon la provincia.
Óscar García, que representa a la transportación interprovincial de Imbabura, dijo que esta cita en la Asamblea obligó a aplazar la reunión con el director de la ANT, Álvaro Guzmán, y con el ministro de Transporte, Aurelio Hidalgo.
En la tarde se confirmó que representantes de la Comisión viajarán a Ibarra el martes, 27 de noviembre del 2018 .
Uno de los pedidos de la transportación pública es que se mantenga una sola revisión al año. Ayer, 21 de noviembre, esa petición fue expuesta ante los legisladores.