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215 centros clandestinos de tratamiento han sido clausurados

El 1 de marzo del 2022 fallecieron siete jóvenes en este centro, ubicado en la Q y la 17, en Guayaquil. El lugar no tenía ningún permiso. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

La tarde del 11 de enero del 2019, Roberto Lucas llegó del trabajo a su casa en la 26 y la I. Casi anochecía cuando una nube de humo denso empezó a cubrir el último piso de una angosta vivienda de la cuadra de enfrente.

“No se pudo hacer nada; se asfixiaron”, recuerda asomado en el balcón que le deja ver el sitio abandonado donde funcionó un centro de rehabilitación clandestino en el Suburbio guayaquileño.

Allí fueron internados Anthony y Cristóbal, los chicos que vio crecer y que la droga H estaba consumiendo; allí murieron junto con otros 16 jóvenes que también sufrían de adicciones.

La tragedia abrió el debate en la Asamblea Nacional sobre la falta de centros autorizados para el tratamiento de consumo problemático de drogas en el país. Las autoridades de ese tiempo ofrecieron modificar el modelo de atención, pero la pandemia frenó el plan.

Hace 11 días fallecieron otros siete jóvenes -de 18 a 25 años de edad-, en un incendio en una clínica ilegal que también operaba en el Suburbio. Los sellos de clausura cubren la fachada.

La Asamblea retomó el tema esta semana y en un rápido balance se concluyó que el panorama no ha variado. Hace cuatro años había 39 centros autorizados, cuatro de ellos públicos. Ahora hay 20 más y solo se han sumado dos públicos o de atención gratuita.

La comparecencia de Roberto Ponce, director ejecutivo de la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada (Acess), entidad que dirige las clausuras a las clínicas ilegales, estuvo marcada por cuestionamientos ante la vigilancia de estos centros.

Ponce explicó que se trabaja en una normativa para combatir la proliferación de estos sitios clandestinos y que se emitirá un decreto ejecutivo para articular acciones entre la Fiscalía, los ministerios de Salud Pública (MSP) y de Inclusión Económica y Social.

Así se espera cubrir el vacío que existe al momento en los controles, porque reconoció que la agencia no tiene el alcance para la detección y la clausura de estos centros. “Es difícil determinar la clandestinidad de esos sitios porque no hacemos inspecciones, actuamos ante denuncias públicas”.

El 48% de los sitios cerrados por Acess desde el 2019 está en Guayaquil y Durán. En su mayoría son casas en zonas populares, en mal estado, con rejas y candados, con hacinamiento, donde las familias pagan hasta USD 80 al mes o cubren la cuota con quintales de arroz, comida, artículos de limpieza, ropa, etc.

Rodrigo Vélez es parte de Parametría, una organización que investiga el impacto socioeconómico de las drogas. Dice que se debe recurrir a las estadísticas para evitar más muertes, incluso vinculadas a más violencia; el problema es que no están actualizadas. “No hay un diagnóstico de la realidad”.

Según un informe del MSP, 2 59 590 personas requirieron algún tipo de atención de salud por temas de drogas en el 2018. El 80% recibió tratamiento ambulatorio.

La psiquiatra Julieta Sagnay, especializada en este tipo de tratamiento, insiste en abrir áreas en los hospitales públicos para dar terapia durante 10 días para la desintoxicación y control del síndrome de abstinencia. También pide analizar la composición de la H y metanfetaminas hechas localmente con medicamentos y hasta líquido de frenos.

Ahora hay jóvenes con psicosis, epilepsia, paranoia, agresividad extrema, con crisis convulsivas que incluso los lleva a estado de coma”. En el Suburbio, alrededor de los centros clausurados, es común ver jóvenes en harapos, dormidos en las aceras o hurgando en los contenedores de basura.

Por las muertes del 2019 hay dos detenidos, sentenciados a cinco años por homicidio culposo. Lucas, el pariente de dos de los chicos, dice que la reparación no se cumplió. “Eso quedó en nada”.