La investigación denominada ‘caso Purga’ ha destapado una presunta red de delincuencia organizada que involucra a exfuncionarios públicos, jueces y abogados en Ecuador. Este proceso es analizado por la Fiscalía General del Estado junto a la fiscal Diana Salazar.
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Este caso, que deriva del escándalo de corrupción conocido como caso Metástasis, apunta a una compleja estructura delictiva que operaba dentro del sistema judicial para beneficiar intereses personales y criminales.
Cronología de los hechos en el caso Purga investigado por la fiscal Diana Salazar
En el marco del caso Metástasis, la Fiscalía General del Estado ha iniciado investigaciones contra un ex asambleísta, la expresidenta de la Corte de Justicia de Guayas, varios jueces de la misma Corte y personal administrativo del Consejo de la Judicatura en esa jurisdicción.
Estos individuos son investigados por su presunta participación en un esquema de delincuencia organizada que habría favorecido intereses particulares y del narcotráfico, afectando los intereses del Estado.
Las indagaciones apuntan a una posible manipulación de los poderes legislativo y judicial para beneficiar a figuras del crimen organizado, incluyendo a alias Fito.
Implicaciones y alcance del caso Purga
El caso Purga investiga al menos 14 procesos judiciales que habrían sido manipulados por la red delictiva. Estos incluyen casos de falsificación de documentos, prevaricato y tráfico de tierras.
La organización presuntamente liderada por el exasambleísta Pablo Muentes y la expresidenta de la Corte de Justicia del Guayas, Fabiola Gallardo, buscaba influir en el sistema judicial para obtener fallos favorables a cambio de beneficios económicos y materiales.
Entre los casos destacados se encuentra una demanda multimillonaria contra el Banco del Pacífico, manipulada mediante documentos falsos, y acciones de protección otorgadas ilegalmente que beneficiaron al Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Además, se investiga la participación del líder de Los Choneros, alias Fito, en la red de corrupción judicial.
El fiscal general del Estado (s), Wilson Toainga, vinculó a 13 personas, incluido el expresidente de la Corte Provincial de Guayas, Hugo Manuel G., y el juez José Daniel P., en una causa por delincuencia organizada.
El juez nacional Javier de la Cadena dictó prisión preventiva para ocho de los vinculados y medidas alternativas para otros cinco. Además, ordenó la retención e inmovilización de cuentas y la prohibición de enajenar bienes de los imputados en el sistema financiero nacional.
Según la Fiscalía, esta causa deriva del caso Metástasis, que reveló la existencia de grupos delictivos que habrían corrompido el sistema de justicia en Guayas. Toainga presentó más de 140 elementos de convicción que respaldan la vinculación de los nuevos procesados como colaboradores en esta estructura delictiva.
La Fiscalía argumenta que los implicados operaban en diferentes niveles y cometían actos ilícitos para asegurar el control sobre la justicia en la provincia. Con estas nuevas vinculaciones, el plazo de la instrucción fiscal se extiende 30 días.
Próximos pasos en la investigación del caso Purga
La instrucción fiscal, inicialmente prevista para 120 días, se ha extendido debido a la complejidad y el número de implicados en el caso. La Fiscalía ha solicitado medidas cautelares sobre bienes por un valor total de 35 millones de dólares. Posterior, el juez determinó la retención de aproximadamente 3,9 millones de dólares en bienes y cuentas de los procesados.
La red de corrupción judicial revelada por el caso Purga ha provocado una revisión interna y destitución de varios funcionarios.
A medida que el caso Purga avanza hacia la conclusión de la instrucción fiscal, se espera que se definan las acusaciones formales contra los 25 sospechosos involucrados.
El siguiente paso clave en el caso será la audiencia preparatoria de juicio, donde el juez evaluará las pruebas presentadas por la Fiscalía para determinar si se procede con un juicio penal. Esta etapa será crucial para definir el futuro legal de los implicados.
La resolución de estos procesos podría tener un impacto significativo en el sistema judicial del Ecuador, evidenciando la magnitud de la influencia y corrupción.