Los videos que muestran el levantamiento del hormigón en algunas paradas ya rehabilitadas de la Ecovía generan críticas por el derroche de recursos de Quito. El Municipio defendió la decisión para que se hagan nuevamente esas obras.
Más noticias
Las fallas de la Ecovía
El presupuesto para la rehabilitación de la Ecovía es de 3 995 973,07 más IVA, según informó la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop). El Consorcio Ecovía recibió la adjudicación de la obra, que comenzó el 12 de agosto del 2024 y tenía un plazo de 150 días para entregar la totalidad de los nueve kilómetros que tiene esta ruta de transporte urbano masivo.
Según la información que proporcionó la Epmmop a EL COMERCIO, tras el proceso de fiscalización y control de calidad que ejecuta tras la entrega de la obra, encontraron fisuras en el hormigón. Con esto, la empresa contratista debe nuevamente colocar el hormigón en las paradas 24 de mayo y en la avenida Río Coca y 6 de diciembre.
Ante las críticas, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz defendió estas decisiones. El 4 de diciembre del 2024, dijo que “antes de recibir una obra, verificamos con el 100% de los estándares de calidad”.
Es algo que ocurre en las obras públicas
Darío Cabrera es un conocedor de temas de movilidad y obra pública. Trabajó en el Municipio de Quito entre el 2014 y el 2108. Sostiene que “toda obra, independientemente de cuando se haya construido, tiene un tiempo de garantía. Si en las evaluaciones sale algún incumplimiento del contratista, el administrador (Municipio) está en la potestad de pedir que lo vuelva a hacer.
Cabrera recuerda que algo así pasó con el Tranvía de Cuenca en muchos tramos. Luego de la auditoría, encontraron algunos incumplimientos de contrato y debieron hacer algunas modificaciones. “Al ser funcionarios públicos, las condiciones en que recibe una obra, un servicio o un bien, depende de lo que esté especificado en la etapa precontracual“, añade.
La Epmmop sostiene que, mientras el proyecto está en marcha, hay verificaciones para cada una de las ocho fases del proyecto. Si la fiscalización determina algunas irregularidades, la empresa contratista debe corregirlas sin que implique gastos adicionales en el presupuesto para el administrador del contrato.