Luis Lara, del Cenepa a la lucha contra el narcotráfico
El feriado por la Batalla de Pichincha se traslada este 2022
Parlamento finlandés ratifica la solicitud de ingres…
Suecia incia proceso de entrada en la OTAN
Soldados ucranianos evacúan Azovstal y son prisioneros rusos
El otro frente de la Unión Europea: Irlanda del Norte
Estado de excepción
Salud mental de los estudiantes, una prioridad con e…

Al menos 7 irregularidades se hallaron en compra de pruebas

Abogados de los procesados en el caso de la compra de las 100 000 pruebas anticovid-19 en Quito, acudieron ayer a la audiencia de juicio. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Hace una semana arrancó el juicio por presunto peculado en contra del exalcalde Jorge Yunda y 13 personas más. Durante estas audiencias, el Tribunal ha escuchado a 14 de los 63 testigos de Fiscalía. Con sus testimonios, esa entidad expuso al menos siete presuntas irregularidades durante la compra de 100 000 pruebas para detectar el covid-19 en Quito.

Por ejemplo, el 15 de diciembre del 2020, un equipo de auditoría de la Contraloría General tuvo acceso a un informe técnico de la Unidad de Genética Molecular del Hospital Carlos Andrade Marín. Ese documento señala que las pruebas adquiridas por la Secretaría de Salud del Municipio no eran PCR, como se estableció en el contrato, sino del tipo RT Lamp.

“No cumplieron las especificaciones técnicas del contrato. La Secretaría, en lugar de concluir unilateralmente el convenio, suscribió un acta de terminación de mutuo acuerdo sin un sustento técnico ni económico”, indicó una funcionaria del ente de control frente a los magistrados.

Durante la fase de investigación, Fiscalía consiguió un estudio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública de Cuenca. Ahí se establece que las pruebas adquiridas alcanzaron un nivel de detección del 15,38% y lo que se pedía en el contrato era una sensibilidad del 99% al 100%.

Otro de los testigos del fiscal Alberto Santillán es un científico de una universidad privada, que habría enviado a la Secretaría de Salud del Municipio un informe que certifica que las pruebas RT Lamp no eran recomendadas para detectar el covid-19. Sin embargo, según las pesquisas, los hoy procesados no tomaron en cuenta esa información y ­concretaron la compra.

Marcelo Icaza, abogado de Jorge Yunda, aseguró ayer que “los testigos de Fiscalía no han podido sustentar técnicamente que el objeto del contrato no se haya cumplido”.

El defensor también indicó que hay evidencia de que las pruebas adquiridas por la Alcaldía podían identificar el coronavirus más rápido que las PCR. Además, añadió que su cliente “delegó el proceso precontractual, contractual, de ejecución y de liquidación a otros funcionarios y, por lo tanto, él no participó en ninguna de estas etapas”.

En el juicio, uno de los testigos explicó que durante la fase precontractual se realizó un estudio de mercado “sin considerar las ofertas de otras dos proveedoras”.

Además, una perita contable estableció que aparte del perjuicio de USD 2,2 millones en este caso, el Estado perdió USD 62 374 adicionales por las multas que la entidad municipal no ejecutó en contra de la empresa contratista.

Una investigadora de una universidad privada también determinó que el 30% o 40% de las personas positivas con covid-19 sometidas a las pruebas adquiridas por el Municipio iban a arrojar un resultado negativo.

En cambio, la defensa de los procesados asegura que al emplear esos test, la curva de contagios en la capital disminuyó. Además, María Dolores Miño, abogada de la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud del Municipio, asegura que un informe emitido por la Agencia de Control Sanitario (Arcsa) confirma que las pruebas adquiridas sí son PCR y tenían registro sanitario.

Principales hechos del caso Yunda

Inicio del proceso penal 16 de febrero de 2021

Procesados  
14 personas entre ellas el exalcalde Jorge Yunda, dos exsecretarios de Salud del Municipio, el gerente de una empresa proveedora de pruebas covid-19, la excoordinadora técnica de la Secretaría de Salud

Delito investigado  
Peculado

Sanción por ese ilícito  
10 a 13 años de cárcel; art. 278 del Código Penal

Tesis de Fiscalía  
Adquisición irregular de 100 000 pruebas PCR para detectar el covid-19, entre marzo y abril de 2020.

Llamamiento a juicio  
30 de abril de 2021

Inicio de juicio 
29 de septiembre de 2021

Tribunal de juicio  
Wilson Lema
Fabián Fabara
Patlova Guerra

Fiscal que investiga 
Alberto Santillán

Fuente: Fiscalía