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Sancionan a Jorge Yunda y a los que fallaron a su favor

Santiago Guarderas acudió el jueves pasado a la audiencia de su denuncia de infracción electoral grave, en el TCE. Foto: Daniel Romero / EL COMERCIO

En el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) hay dos denuncias de primera instancia en contra de Jorge Yunda por la misma infracción, pero con diferente sentencia. Una declaró que el exalcalde no es infractor y la otra lo dejó sin derechos políticos por tres años.

El juez del TCE Ángel Torres emitió su dictamen la mañana de ayer (lunes 4 de octubre del 2021). En el documento se señala que además de haber perdido los derechos políticos, Yunda deberá pagar una multa de 50 salarios básicos unificados, es decir, USD 20 000.

La sanción se emitió tras la denuncia por infracción electoral muy grave puesta por el ahora alcalde Santiago Guarderas. El argumento en contra de Yunda fue que incumplió la decisión del TCE al mantenerse en el cargo pese a que la entidad de control había resuelto que el Concejo Metropolitano cumplió con las formalidades que establece el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial (Cootad); sin embargo, Yunda continuó gobernando.

Además, Guarderas planteó que las sentencias de la jueza María Belén Domínguez sobre la acción de protección a favor de Yunda y de la Corte Provincial que ratificó ese recurso y le permitió mantenerse a Yunda en el poder, interfirieron con lo resuelto por el TCE.

Sin embargo, el 22 de septiembre pasado, el juez y presidente del TCE, Arturo Cabrera, también resolvió una denuncia similar. La presentó Jéssica Jaramillo, del Frente de Profesionales por la Dignidad de Quito (agrupación que inició el proceso de remoción que terminó con la salida del exalcalde) pero fue rechazada.

Así, las dos sentencias por la misma causa resultan opuestas. Por un lado, Torres consideró que Yunda incumplió con lo decidido por el TCE. Además, sancionó a Domínguez y a los jueces de la Corte Provincial Raúl Mariño y Cenia Solanda Vera.

En cambio, el juez Cabrera resolvió que no se había probado la infracción. Y argumentó que la remoción se había ejecutado cuando el 19 de julio pasado, Guarderas asumió la Alcaldía por 11 días. Esto pese a que después debió dejar el cargo por la decisión de la Corte Provincial a favor de Yunda.

La constitucionalista Ximena Ron considera que una persona no debería ser juzgada dos veces por la misma infracción. La razón: “Si hay una denuncia que está en proceso de resolución sobre una misma causal y en contra de la misma persona puede haber decisiones contradictorias”.

Para el director de la Escuela de Derecho de la UIDE, Esteban Ron, la diferencia está en las causales denunciadas. En el caso de Guarderas, la denuncia también atacaba la interferencia en las decisiones del TCE y no solo el incumplimiento por parte de Yunda.

Por eso, en la sentencia de Torres hay sanciones para Domínguez y para los dos jueces de la Corte Provincial.

A la primera se le impuso una multa de 25 Salarios Básicos Unificados (USD 10 000); mientras que a los segundos la destitución del cargo.

Jaramillo apuntó otra diferencia. Su denuncia fue presentada cuando aún pesaban las medidas cautelares a favor de Yunda. En ese momento, no se conocía sobre la decisión de la Corte Provincial.

Según Esteban Ron, también pesó la diferencia en las pruebas presentadas. Jaramillo se centró en los días en los que Yunda ejerció el cargo antes de las medidas cautelares. Guarderas, en cambio, argumentó sobre la interferencia de la acción de protección.

Torres dice en su sentencia que los tres jueces dictaron decisiones que se superponen a la actuación del TCE con lo que facilitaron la indebida permanencia de Yunda en calidad de alcalde de Quito.

Ambos procesos pueden encontrarse en el Pleno. La apelación que presentó Jaramillo ya se elevó a esa instancia desde el 2 de octubre pasado. Según Ron, el Reglamento del TCE establece un plazo de 10 días para un pronunciamiento.

Respecto al caso de Guarderas, una vez que se ha notificado la sentencia, las partes tienen tres días para pedir aclaración y ampliación o apelar directamente la decisión.

Guillermo González, abogado de Yunda, dijo que analizará con el exalcalde la estrategia que asumirán. Hasta la tarde de ayer no habían decidido todavía si pedirán una aclaración o una ampliación antes de solicitar la apelación.

El exalcalde tiene hasta el próximo jueves para presentar cualquiera de esos recusos. Sin embargo, si se decide por la aclaración o ampliación, primero debe esperar una respuesta del TCE sobre esos pedidos antes de apelar.

González se mostró inconforme con la decisión porque en la misma audiencia había planteado el problema que se generaría por la resolución de dos causas similares. Si se ratifica en segunda instancia la pérdida de derechos políticos, Yunda no podrá participar en las seccionales del 2023.

En el caso de las multas económicas, la sentencia de Torres señala que deberán ser depositadas hasta 30 días después de que la decisión esté ejecutoriada. Sin embargo, si los sancionados apelan, ese plazo se detiene y dependerá de si el Pleno ratifica la penalización.

Las decisiones del TCE ocurrirán después de que Yunda ya perdió el cargo. El miércoles pasado, la Corte Constitucional (CC) decidió otorgar la medida extraordinaria de protección a favor de Guarderas.

Eso dejó sin efecto las sentencias de Domínguez y de la Corte Provincial ya que se declaró que vulneraron derechos constitucionales.

Desde el jueves pasado, Guarderas asumió la Alcaldía. Por su parte, Yunda anunció que regresará a la radiodifusión.

Guarderas, desde la semana pasada, viene trabajando en la conformación de su equipo para administrar la ciudad.

Hoy está prevista su primera sesión del Concejo Metropolitano, después de que dejó el cargo en julio pasado. En el orden del día consta la designación del secretario del cuerpo edilicio.

Está pendiente la presentación de suplan de gobierno para los 19 meses que se mantendrá en el cargo.