La posesión de Raúl González como superintendente de Bancos, a pesar de que una jueza anuló su designación, provoca un cruce de acusaciones en la Asamblea. El oficialismo, Pachakutik, la Izquierda Democrática (ID) contra la mayoría de la oposición que, con el presidente, Virgilio Saquicela (independiente) a la cabeza, ejecutó esta acción.
Las reacciones continuaron este lunes 15 de agosto de 2022, después de que el Ejecutivo desconoció la designación de González y el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs), Hernán Ulloa, anunció que seguirá adelante con el análisis de la terna para nombrar un nuevo funcionario.
Votos a cambio de ofrecimientos
Jessica Castillo y Joel Abad, asambleístas de Pachakutik, responsabilizaron al correísmo y al Partido Social Cristiano (PSC) de haber presionado a sus coidearios para la posesión del funcionario, desacatando una resolución judicial.
Castillo señaló que la bancada correísta de Unes hizo ofrecimientos a legisladores del movimiento indígena para crear universidades en la Amazonía, a cambio de su respaldo en esta acción. Aseveró que la postura de su bloque era abstenerse, pero no todos acogieron esta decisión.
“Creo que los intereses políticos se están yendo sobre la ley, sobre lo que necesita el país. El correísmo sigue negociando votos y apostando para esos votos. Nosotros conocemos la necesidad de crear una universidad, pero no podemos jugar con nuestros votos”, dijo la legisladora.
Los asambleístas de Unes como Ferdinan Álvarez y Victoria Desintonio rechazaron que el Gobierno decidiera cercar con policías las instalaciones de la Superintendencia para impedir que González empiece a ejercer el cargo.
Oficialismo advierte eventual destitución por desacato
El jefe de bloque del oficialismo, Juan Fernando Flores, señaló que no se descarta que la decisión del Pleno pueda derivar en un proceso de destitución contra los 70 legisladores que desacataron la resolución judicial y posesionaron a González.
“No vamos a descartar todos los procedimientos que sean dentro de la ley para que se pueda evaluar el accionar de cada uno de los ciudadanos (…) Si eso acarrea que en algún punto determinado se determine el incumplimiento en sus funciones, arrogación de sus funciones, pues tendrán que dar un paso al costado”.
El presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, y el jefe de bloque del Partido Social Cristiano (PSC), Esteban Torres, señalaron que al Consejo de Participación y al Ejecutivo les corresponde solucionar esta controversia y consideraron que el Pleno no incurrió en un desacato.
“La posesión es un tema de índole formal. El fondo del asunto es el tema de la designación, del respeto o no a los poderes constituidos, desde el punto de vista constitucional”, adujo Saquicela en una entrevista radial.
Torres recordó que “un legislador no es responsable civil ni penalmente por sus decisiones”, y anotó que la acción de protección, en el caso de la jueza que anuló la designación de González, “no tenía como parte interesada a la Asamblea”.
