Un nuevo episodio, la titularidad de la Superintendencia de Bancos, confronta a dos poderes del Estado; en medio está además el Consejo de Participación, que sigue un nuevo proceso de designación. Expertos advierten consecuencias.
La Asamblea emitió una resolución en la que se dispuso al titular del Legislativo, Virgilio Saquicela, que proceda con la posesión inmediata de Raúl González como Superintendente de Bancos. Esto ocurre luego de que el martes se difundiera un audio sobre una conversación entre Aparicio Caicedo, consejero presidencial, y Raúl González.
La moción en el Pleno del Legislativo fue presentada por Mireya Pazmiño, del ala radical de Pachakutik, que tuvo el respaldo de asambleístas del correísmo de Unión por la Esperanza (Unes), el Partido Social Cristiano (PSC) y Pachakutik. Saquicela cumplió y posesionó a González, quien fue convocado de forma virtual. El ahora Superintendente no goza de la confianza del presidente Guillermo Lasso.
El Cpccs sigue adelante
Por otro lado, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) aseguran que continuarán con el proceso de designación con base en ternas.
El 5 de agosto recibió una nueva terna para la Superintendencia de Bancos por parte del Ejecutivo. El equipo técnico del proceso realiza la revisión de los expedientes de José Romero, Rosa Herrera y Felipe Cabezas-Klaere, quienes fueron propuestos por el presidente Lasso. Esto porque el 20 de julio Raúl González fue el designado para la titularidad, pero una resolución judicial de la magistrada Larissa Ibarra dejó sin efecto el proceso.
Ibeth Estupiñán, consejera del Cpccs, estimó que “si no se dispone judicialmente otra cosa, en dos meses tendríamos nuevo Superintendente”.
“A nosotros nos corresponde seguir con el proceso hasta que se ventile el tema en lo judicial. No podemos parar, porque nuestras atribuciones son la designación de autoridades y debemos continuar con el proceso de la nueva terna”, señaló Estupiñán.
Ferdinand Álvarez, de Unes, y Esteban Torres y Luis Almeida, del PSC, acusaron a Ibarra de responder a los intereses de Caicedo y del Ejecutivo.
Este Diario busco la versión del Ejecutivo, pero la solicitud de entrevista enviada al área de Comunicación no fue respondida. No obstante, en la jornada hubo un comunicado respecto de la terna para la Procuraduría General del Estado, enviada al Cpccs. Se trata de Juan Enmanuel Izquierdo Intriago, Yolanda Narciza de Jesús Salgado Guerrón y Juan Carlos Larrea Valencia. “Con esto el Gobierno ratifica su actuar respetuoso y transparente con las demás funciones del Estado”, rezaba el documento.
Efectos
El analista político Rodrigo Jordán cree que la posesión es lo que se tenía que hacer “por ley”, a pesar de que no sea del agrado de Lasso. Observó que habrá dos consecuencias: “Un nuevo alejamiento entre la Asamblea Nacional y el Presidente de la República; y que se genere un problema político por saber quién va a ser el líder institucional político de la Superintendencia”.
Jordán evaluó tres aspectos como antecedentes de los hechos: un proceso de designación de un Superintendente de Bancos “lleno de polémica”, porque “el problema se lo crea el mismo Presidente de la República al haber puesto en la terna a personas que no eran de su entera confianza y la Presidencia no fue suficientemente hábil para poner personas en la terna que cumplan los requisitos” (respecto de los otros dos postulantes que no llegaron a la última fase); el tema “se vuelve polémico y termina en una situación de crisis de opinión pública, que hace que la Asamblea tenga que reaccionar”; además, la mesa de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo “no termina de caminar”.
Dijo que resulta “peligroso” para el Ejecutivo este nuevo alejamiento, porque eso hará que se fortalezca el bloque de oposición que, a su vez, traerá consecuencias para la estabilidad política del Ecuador. Sospecha que el Legislativo podría buscar causales para impulsar nuevamente la destitución de Lasso.
Para Arturo Moscoso, politólogo y director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UIDE, la posesión es “un desacato a una orden judicial” y le resulta “gravísimo lo que está sucediendo”.
“Nos están dando un precedente de que la Asamblea se siente con el poder de hacer lo que le da la gana, en una especie de dictadura de esta mayoría que se ha conformado, no tiene restricciones, invocando la inmunidad parlamentaria que creen que se trata de impunidad parlamentaria”, cuestionó al advertir que cometieron un delito.
Moscoso estimó que lo adecuado sería una apelación al fallo judicial cuestionado por la Asamblea, pero con lo sucedido “la pugna se sigue agudizando y nuevamente se ve la intencionalidad de esa mayoría de cooptar los organismos de control”.
Plenario
Un total de 70 votos a favor fueron claves para aprobar la moción que dio paso a la posesión del nuevo superintendente de Bancos, Raúl González.
La votación en el seno del Pleno del Legislativo fue: 29 voluntades en contra, 1 en blanco y 18 en abstención. Mientras que hubo 19 legisladores ausentes en la sesión.
Cuatro años es el periodo para el que se designa a un titular de la Superintendencia de Bancos. A González le corresponde desempeñar funciones en el periodo 2022-2026, si no se revierte su posesión.
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