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Lasso niega acuerdo con correísmo; tío de Glas, a régimen semiabierto

Guillermo Lasso y asambleístas de Creo niegan haber pactado con el correísmo para lograr que la reforma tributaria haya pasado. Foto: Archivo EL COMERCIO

El presidente Guillermo Lasso y los asambleístas del movimiento Creo niegan haber pactado con el correísmo para lograr que la reforma tributaria haya pasado por el Ministerio de la Ley. 

En redes sociales se habló de supuestos beneficios a exfuncionarios de la Revolución Ciudadana sentenciados, como moneda de canje a cambio de allanar el camino para que la Ley de Desarrollo Económico haya pasado.  

Este rumor se reavivó luego de que se conociera que Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, se beneficiará del régimen semiabierto para cumplir la última etapa de su condena, dentro del caso Odebrecht.  

Este miércoles 8 de diciembre del 2021, Lasso negó cualquier acuerdo con el correísmo, en una entrevista radial efectuada en el Palacio de Carondelet. “No pactaríamos jamás con quienes han afectado el erario nacional, con quienes han afectado al pueblo, con quienes cometieron actos de corrupción”.  

Lasso también anticipó que no comparecerá ante la Asamblea Nacional, luego de que se aprobara un exhorto en el que se le pide que acuda al Pleno para explicar el caso de Pandora Papers. En la víspera, la Contraloría General del Estado archivó la investigación por este caso.  

En declaraciones de prensa, Aníbal Quinde, abogado de Ricardo Rivera, aseguró que esperaban la decisión del régimen semiabierto de su defendido desde agosto pasado, al menos tres meses antes de que entrara en vigor la reforma tributaria. El argumento se basa en que Rivera ha estado tras las rejas el 70% de la condena de seis años que recibió, por el delito de asociación ilícita.  

En Twitter, el subdecano de Derecho de la Universidad Central, Ramiro García, señaló que el procedimiento para solicitar el régimen semiabierto es legal. El Código Penal, vigente desde el 10 de agosto del 2014 (art. 698), otorga ese beneficio penitenciario a los internos que han cumplido el 60% de la sentencia. Pero también hay presos condenados con la anterior norma penal y ellos deben cubrir el 40% de la sanción.  

El analista político, Alfredo Espinosa, considera que el cierre del año será clave para conocer a ciencia cierta si hubo o no acuerdos. “Los ciudadanos buscan que el trabajo de la justicia no se politice ni que se utilice a esta como mecanismo de trueque para tener mínimos de gobernabilidad”.  

Para el analista, Oswaldo Moreno, los juicios contra Rivera y Glas tuvieron una “connotación política”. Cree que por esas mismas razones y por las circunstancias actuales y a quienes representan, “podrían terminar siendo moneda de cambio político”.   

Otra coincidencia que exacerbó a la opinión pública fue el hecho de que la defensa del exvicepresidente, Jorge Glas, presentó el 6 de diciembre un nuevo pedido de unificación de penas, tras el archivo de la solicitud efectuada ante un juez de Latacunga.  

La intención de su defensa es que se unifiquen las sentencias de los casos Odebrecht (asociación ilícita) y Sobornos (cohecho), por los que fue sentenciado a seis y ocho años, respectivamente.  

El objetivo de fondo es que Glas también pueda acogerse al régimen semiabierto, antes de que su estatus varíe, si se ratifica una tercera sentencia en su contra por el caso Singue.  

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