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Organizaciones documentaron uso excesivo de la fuerza en protestas

Los manifestantes llegaron al Centro de Quito este 26 de octubre del 2021. Foto: Diego Pallero / EL COMERCIO

Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) rechazó este 26 de octubre del 2021 el uso del estado de excepción y la participación de las Fuerzas Armadas “para reforzar el rol de la Policía Nacional”. También se refirió a abusos policiales en las manifestaciones contra el alza de los precios de los combustibles.

En un comunicado, Inredh denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Nacional y Fuerzas Armadas en las distintas manifestaciones alrededor del Ecuador.

En la publicación, el organismo menciona los casos de detenciones y agresiones que han sido reportadas por organizaciones como la Conaie, la Unión Nacional de Educadores (UNE), y personas particulares en redes sociales.

Entre ellos está la activista Johanna Alexandra Llanos, del Foro de Mujeres del Guayas. Ella fue detenida en Daule junto a otros agricultores y personas que participaban en las protestas, según denunció la exasambleísta Verónica Guevara.

En un tuit, Guevara mencionó que algunos detenidos fueron trasladados desde la Unidad de Vigilancia Comunitaria del sector hacia otro sitio en una camioneta blanca y no en un vehículo policial.

También se menciona la detención de Carlos Medina, maestro y dirigente social de la UNE, mientras protestaba en Limonal, provincia del Guayas.

En su cuenta de Twitter, la UNE exigió la inmediata liberación del docente. “Quienes deben estar en la cárcel son aquellos que le roban al país USD 7.700 millones. Protestar no es delinquir“, escribió en la red social.

En la provincia de Cotopaxi, en Pujilí, el colectivo de Derechos Humanos KintiÑan alertó este 26 de octubre sobre la detención del presidente de la organización Indígena “OPIJJ Jatun Juiga”, en el redondel de la E35. “La aprehensión se habría producido a la 01:00 de este martes”, dice la información firmada por Paúl Jácome, director ejecutivo.

En su comunicado, Inredh además rechaza el uso de la fuerza desproporcionada en las manifestaciones y cita el reporte del medio Indymedia que en su cuenta de Twitter escribió: “Represión a comunidades indígenas en Iluman Imbabura. Policía Nacional dispara proyectiles al cuerpo de civiles… En el video periodista registra el momento en el que bombas lacrimógenas son percutadas con dirección al cuerpo”.

En Peguche, Otavalo, el organismo fue alertado del uso de bombas lacrimógenas por parte de efectivos militares.

Según el gobierno, hasta las 13:00, la Policía detuvo a 18 personas a escala nacional por intento de cierre de vías. Según el vocero de la Presidencia de la República, Carlos Jijón, 10 de los detenidos son de Daule, en la provincia del Guayas.

Por su parte, el gobernador de la provincia de Imbabura, Marcelo Simbaña, informó que nueve manifestantes fueron detenidos en la parroquia González Suárez durante las movilizaciones. Los detenidos fueron trasladados al cuartel de la Policía Nacional, en Otavalo, para el inicio de la indagación previa, según el funcionario.

Manifestaciones y estado de excepción

En su comunicado, Inredh expresa su preocupación por el estado de excepción que fue decretado por el presidente Guillermo Lasso el pasado 18 de octubre en todo el territorio nacional. La organización asegura que “puede ser utilizado para afectar derechos constitucionales como el derecho a la protesta y movilización pacífica, derecho a la participación y libertad de expresión, entre otros”.

El estado de excepción fue decretado en todo el territorio nacional por grave conmoción interna y dispuso la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para llevar a cabo controles de armas, inspecciones, patrullajes las 24 horas del día, requisiciones de droga, entre otras acciones.

“Reiteramos que el estado de excepción no suspende el derecho a la protesta y movilización pacífica, además de los derechos a la participación y libertad de expresión de la población”, señala Inredh.

En ese sentido, el organismo recalcó que tanto la Constitución, como la Corte Constitucional, en su dictamen del Estado de Excepción, emitido el 20 de marzo del 2020, menciona que: “Las servidoras y servidores públicos serán responsables por cualquier abuso cometido en el ejercicio de sus facultades durante la vigencia del estado de excepción, al tenor de lo dispuesto en el artículo 166 de la Constitución de la República”.

El organismo recordó que el Ecuador ha sido responsable internacionalmente por parte de la Corte Interamericana por actos cometidos por sus funcionarios de la fuerza pública. Además, ha recibido recomendaciones de la Comisión Interamericana, de las Naciones Unidas, de Human Rights Watch, de Amnistía Internacional en un contexto similar y a raíz de un uso desproporcionado de la fuerza que causó diversas vulneraciones a derechos humanos.

En este contexto, Inredh rechazó el “uso abusivo de la figura del estado de excepción, así como la participación de las Fuerzas Armadas para reforzar el rol de la Policía Nacional ya que frente al actual escenario político se podría criminalizar la protesta social y por ende, la vulneración de derechos humanos”. 

También recordó que la protesta social debe enmarcarse en los preceptos de la “no violencia activa”. Es decir, producirse sin afectaciones a las personas, sean estas civiles o de los cuerpos armados o de control social. Esto incluye a las representaciones de los medios de comunicación, quienes deben cumplir con su labor en un escenario que garantice su integridad.

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