“El Gobierno Nacional tiene claro que existe una conspiración para desestabilizar al sistema que dio su confianza al Presidente elegido por la mayoría de los ecuatorianos en las urnas”. De esta forma se pronunció el Ministerio de Gobierno -mediante un comunicado- este sábado 6 de noviembre de 2021.
Incluso, indicó que el Gobierno Nacional reconoce que es la posición sectaria del grupo de asambleístas de UNES, “empeñados en debilitar la democracia ecuatoriana e impulsar un golpe de Estado”.
Además, dijo “que quien impulsa esa desestabilización es aquel que organizó la más vasta trama de corrupción conocida en la historia de Ecuador de la que lucró junto con su Vicepresidente y sus ministros”.
Mediante la cuenta de Twitter del Ministerio de Gobierno se difundió este comunicado que hace referencia al informe presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional, que sugirió que el Mandatario no observó la Ley al inscribir su candidatura.
Esta Comisión también resolvió que se apruebe una resolución del Pleno de la Asamblea, que disponga que, en el plazo de 48 horas, el Mandatario comparezca a la Asamblea para que cumpla con la entrega de la información solicitada y responda a las preguntas de los legisladores.
La investigación sobre los ‘Pandora Papers’ terminó con un informe de mayoría y otro de minoría de esta comisión, que serán enviados al Pleno de la Asamblea para una resolución.
Para el Ministerio de Gobierno, la resolución del informe de la Comisión de Garantías Constitucionales, sobre el caso Pandora, “que propone al Pleno de la Asamblea Nacional la inconstitucional e ilegal destitución del Presidente de la República no causa sorpresa y se podía advertir sin equívocos el afán político de desestabilizar la institucionalidad democrática con absoluta nitidez por el pueblo en las urnas”.
Otra de las resoluciones de esta Comisión fue que, en el plazo de 72 horas, posteriores al vencimiento del plazo de comparecencia del Presidente, el Pleno resuelva en mérito de este informe y expediente.
Además, que, de conformidad con los artículos de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, la Asamblea apruebe una resolución mediante la cual se levante la reserva de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado relacionadas a las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculadas a Guillermo Lasso y vinculados.
Asimismo, que se comunique a todas las instituciones del Estado que el Presidente ha renunciado públicamente y por escrito al sigilo de sus cuentas. “En ese sentido, otorga el plazo de 48 horas a todas las instituciones del Estado para que entreguen la información a la Asamblea”.