Con seis votos a favor y tres abstenciones, la Comisión de Fiscalización aprobó el informe que recomienda llamar a juicio político por incumplimiento de funciones al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quien permanece detenido desde el 16 de mayo pasado por supuesto abuso sexual.
La resolución se tomó este miércoles 8 de septiembre de 2021, después de un debate que tomó dos horas.
Los votos a favor provinieron del presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), la vicepresidenta, Ana Belén Cordero (Creo) y Pedro Velasco y Marco Troya, quienes forman parte del Bloque del Acuerdo Nacional (BAN).
A ellos se sumaron Bruno Segovia, exPachakutik, y la socialcristiana Soledad Diab, a pesar de que pusieron varios reparos al informe relacionados con las pruebas presentadas por los interpelantes Yeseña Guamaní (ID) y Ricardo Vanegas (Pachakutik).
“No me queda muy claro. Me quedan dudas, pero esta no es una sentencia, sino votaría en contra. Pero es saludable que en el Pleno nos aclaren estas dudas, por esta razón, a favor”, dijo Segovia.
Sin embargo, Villavicencio recordó que el propio Defensor del Pueblo en una comparecencia ofreció disculpas al país por haber protagonizado un altercado en el departamento del exministro de Salud, Mauro Falconí, que derivó en su posterior detención.
Cordero argumentó que Carrión incumplió con sus funciones y afectó a la “magistratura del cargo” al haber incumplido las medidas del toque de queda por la pandemia, además de mal utilizar bienes públicos como vehículos oficiales.
Sin embargo, los correístas Roberto Cuero, Gabriela Molina y Pascasio Córdova se abstuvieron de aprobar el informe, al señalar que no se habrían demostrado las causales para recomendar el juicio político.
“Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo hecho. No podemos incluir aspectos que se ventilan en la justicia. Hay que respetar el debido proceso. No se ha podido evidenciar una investigación de la Contraloría por mal uso de bienes públicos”, dijo Cuero.
También argumentó que el Decreto de Estado de excepción exceptuaba al Defensor del Pueblo del cumplimiento de las restricciones de movilidad, algo que fue refutado por otros comisionados pues señalaron que Carrión no cumplía actos oficiales al momento de su detención.
En la comisión hubo aplausos, la resolución se tomó tres horas después de lo previsto, pues tuvo una suspensión ante la falta de acuerdos iniciales.