La vicepresidenta Verónica Abad presentó una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) el jueves 8 de agosto de 2024 en contra del presidente Daniel Noboa y otros altos funcionarios del gobierno.
La denuncia de Abad es por violencia política de género.
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La denuncia por violencia política de género está dirigida también a la canciller Sommerfeld, el viceministro Estaban Torres y la asesora Diana Jácome. Esta denuncia bebe ser negada o aceptada por un juez electoral.
¿Qué es la violencia política de género?
El Código de la Democracia, artículo 280, establece la violencia política de género como una infracción electoral muy grave. Esta consiste en la agresión contra mujeres candidatas, militantes: electas, designadas o que ejerzan cargos públicos.
Además, contra las defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales y miembros de sus familias.
Es una conducta antijurídica que afecta los derechos de participación o menoscaba los principios del proceso electoral, informó el TCE.
La violencia política de género se sanciona con una multa de 21 a 70 salarios básicos unificados, destitución y/o suspensión de derechos de participación de dos hasta cuatro años.
También se contemplan otras medidas de reparación que puede solicitar el juez, como por ejemplo:
- Disculpas públicas
- Publicación íntegra de la sentencia dictada por el TCE en la página web institucional
- Capacitación sobre derechos de participación y su vulneración
¿Cuál es el proceso ante una denuncia de este tipo?
El proceso que se sigue luego de presentar la denuncia ante el TCE sigue con la evaluación del caso por parte del juez competente, quien puede disponer al anunciante que aclare la denuncia en 48 horas.
El juez admite a trámite la denuncia y dispone la citación a los presuntos infractores.
El presunto infractor tiene cinco días para contestar, anunciar y presentar pruebas. Luego de ello, el juez corre traslado de la contestación al denunciante.
Posteriormente, procede una audiencia oral única de pruebas y alegatos. Se da la sentencia en primera instancia, contra la cual se pueden presentar recursos de aclaración o ampliación.
Luego se puede presentar el recurso de apelación del demandado si así lo solicita el juez y la sentencia tomada por el Pleno del TCE.
