La falta de un reglamento para el concurso que permita seleccionar un nuevo Contralor General del Estado y la situación del vocal de la Judicatura, Fausto Murillo, derivó en cruces de criterios en el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs).
Dentro de la sesión del Pleno, realizada hoy miércoles 23 de junio del 2021, tuvo un capítulo aparte la situación de Fausto Murillo, a quien el Cpccs lo removió como vocal del Consejo de la Judicatura hace dos meses, pero fue restituido por un tribunal de la Corte de Pichincha.
En principio, Almeida planteó al Pleno que se analicen medidas cautelares frente a dicha sentencia, pero al final la resolución fue para que el Cpccs “dé por conocida la sentencia, sin perjuicio de las acciones legales pertinentes”.
En ese punto, la mayoría de cuatro consejeros votó a favor. Bravo votó en contra con el argumento de que se trataba de una “moción inoficiosa”. Mientras que Ulloa se abstuvo, pues insistió en que el Cpccs no tenía la atribución de remover al vocal de la Judicatura.
De modo simultáneo, la Comisión de Justicia de la Asamblea recibió a Murillo, a la presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, y al ministro de Trabajo, Patricio Donoso.
Maldonado confirmó que él se encuentra oficialmente reintegrado a la institución, mientras que Donoso puntualizó que no tiene impedimento para ejercer este cargo.
“La sentencia hace honor a la administración de justicia (…). Luego de esto iré a la Judicatura tomaré mis oficinas y empezaré a trabajar inmediatamente”, dijo Murillo.
A la Comisión también estuvo convocado el exministro de Trabajo, Andrés Isch, en cuya administración se determinó que Murillo tenía un impedimento para ejercer el cargo por haber dejado en 2012 la Función Judicial y recibir una compensación, lo cual fue apelado por el vocal.
Concurso de Contralor
La presidenta del organismo, Sofía Almeida, había anunciado que este miércoles 23 presentaría una propuesta de reglamento para designar a un nuevo titular de la Contraloría, pero no lo hizo, al reconocer que el documento todavía no está listo.
Los consejeros Francisco Bravo, Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneria reclamaron por una falta de celeridad en esa tarea, que fue encargada el 5 de mayo pasado a una comisión de asesores del ente.
En su intervención, Bravo exigió sanciones para el coordinador jurídico de la entidad por haber tardado, según dijo, 26 días para convocar a la primera sesión de la comisión técnica. Agregó que el delegado de la Presidenta del Cpccs tampoco asiste a las sesiones.
“Eso es lo que usted dice, pero habrá que ver los documentos cómo realmente se han dado las gestiones. En todo caso, el coordinador de la comisión es el responsable de entregar el reglamento, no hay que echar la culpa a los demás; si él no tiene poder de convocatoria o para manejar a la comisión deberíamos considerar cambiar esa coordinación”, replicó Almeida.
Rivadeneira demandó que se transparenten estas acciones. “Aquí no se trata de hacer las cosas rápido, de la noche para la mañana. El país necesita saber qué es lo que está pasando”, dijo la consejera.
Los consejeros Ibeth Estupiñán y David Rosero, que votan con Almeida, se mantuvieron al margen de la polémica. Así también Juan Dávalos.
A su vez, Bravo presentó una moción para que el Cpccs exhorte a que renuncien a sus puestos el contralor subrogante, Pablo Celi, y al defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quienes permanecen detenidos desde hace más de un mes por distintas causas.
El exhorto hacia Celi fue aprobado, pero para hacer lo propio con Carrión, el consejero se quedó solo con el apoyo de Rivadeneira. Y se enfrentó al Secretario del Consejo, a quien lo llamó a que renuncie, cuando este dio paso a la votación de una propuesta de Juan Dávalos para que, en primer lugar, se requiera un informe jurídico sobre la situación de la Defensoría, que tuvo el respaldo de la mayoría.