Los asambleístas aún no concretan el trámite de los juicios políticos en contra del contralor subrogante, Pablo Celi, y el defensor del Pueblo, Freddy Carrión, quienes conservan sus puestos a pesar de guardar prisión por distintas causas, lo que derivó en reclamos en el Pleno de este jueves 17 de junio del 2021.
El problema surge porque, en vísperas de concluir su mandato, la Asamblea anterior, además de la solicitud de interpelación contra Celi, calificó una contra el exministro de Energía, René Ortiz, que se quedó sin interpelantes cuando terminaron las funciones para Denis Marín y Mercedes Serrano, del bloque del PSC.
El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio (Ind.), rompió el orden del día de la sesión 711 del Pleno esta mañana para exigir a la presidenta de esta Función, Guadalupe Llori (PK), que incluya el tratamiento de los juicios políticos rezagados en el orden del día, pues mientras no haya una solución no podrán arrancar nuevos procesos.
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“Señora Presidenta, yo no quiero pensar mal. ¿A alguien le interesa aquí archivar los juicios políticos en contra de los exministros del Gobierno de Lenín Moreno? (…). El día de hoy vence el plazo del juicio político a René Ortiz, yo no quiero que mañana digan que nuevamente la Comisión de Fiscalización es una comisión de archivo”, expresó.
Además, Villavicencio aseguró que hasta ahora la Comisión todavía no recibe los expedientes y los archivos de fiscalización, entre ellos otro pedido de interpelación contra el exministro de Finanzas, Richard Martínez. Al reclamo se unió César Rohón (Ind.) para demandar que se respeten los tiempos y la ley para no invalidar los procesos.
Llori respondió que la semana pasada había conversado sobre este asunto con Villavicencio y ordenó a la coordinación jurídica del Parlamento que entregue sus respuestas. “Sin embargo, señor asambleísta, tomo nota de su pedido y se le dará el trámite urgente que se requiere y será incluido en la próxima sesión del Pleno”, aseguró.
En cambio, el asambleísta de Pachakutik, Mario Ruiz, llamó a Villavicencio a cumplir el procedimiento que estipula la Ley Legislativa para pedir la inclusión de temas en el orden del día.
El proceso contra Celi, quien fue capturado el 13 de abril pasado por supuesta delincuencia organizada, es impulsado por el asambleísta del correísmo, Juan Cristóbal Lloret, desde el 5 de mayo por supuesta arrogación de funciones.
En el caso de Carrión, preso desde el 17 de mayo por presunto abuso sexual, la asambleísta Yesenia Guamaní (ID) reiteró este jueves 17 de junio su intención de llevarlo a juicio político, aunque todavía no formaliza la solicitud con las 35 firmas de respaldo.
Según Guamaní, “hay exfuncionarios e instituciones que no han remitido información y están guardando silencio” en el caso de Carrión. Entre ellos aludió al exministro de Gobierno, Gabriel Martínez.
Así, aunque la Asamblea tiene la atribución de destituir a funcionarios, mediante juicios políticos, la Comisión de Fiscalización espera una resolución del Pleno sobre los plazos para tramitar primero los procesos que dejó en marcha la anterior legislatura.
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