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Asamblea aprobó informe sobre el paro de junio 2022 y dispuso 3 juicios políticos

Mario Ruiz (PK) dijo que durante el paro hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía. Foto: Asamblea

Con 77 votos a favor, el Pleno aprobó el informe en relación al paro nacional liderado por el movimiento indígena en junio pasado en Ecuador.

En la resolución se incluyeron disposiciones para llevar a juicio político al ministro de Defensa, Luis Lara, al director del Centro de Inteligencia, Fausto Cobo, y al exministro del Interior, Patricio Carrillo.

La moción fue presentada por Mario Ruiz, asambleísta del ala radical de Pachakutik e integrante de la Comisión de Garantías Constitucionales en dónde se elaboró el informe.

El texto fue aprobado con 77 votos a favor de 120 asambleístas presentes, después de un debate dominado por el correísmo y Pachakutik que acusaron al Gobierno de Guillermo Lasso de represión y hasta crímenes de lesa humanidad en las protestas.

43 asambleístas del oficialismo, el Partido Social Cristiano y la Izquierda Democrática se abstuvieron y se mantuvieron al margen del debate.

Desde esas curules, solo la socialcristiana Geraldine Weber formuló sus críticas y tachó de "inhumano" que se hayan utilizado a niños como escudos en las protestas.

"Aquí no podemos hablar por los 17 millones de ecuatorianos, porque también hay gente afectada, también los policías tienen madres, padres e hijos, quienes fueron afectados", añadió Weber.

Mario Ruiz (PK) sostuvo que "el Gobierno Nacional buscó posicionar una narrativa de estigmatización de la protesta social, asociada a categorías desestabilizadoras, delincuenciales y terroristas".

Señaló que se debe proceder al inicio del enjuiciamiento político al ministro de Defensa, Luis Lara, por la intervención de Fuerzas Armadas en zonas que no fueron declaradas con estado de excepción durante el paro.

Además, acusó que hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y posibles crímenes de lesa humanidad, por los que debe responder Patricio Carrillo, a quien Lasso le pidió la renuncia al Ministerio del Interior el viernes parado por el crimen de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía.

Acotó que "el Estado habría violado el principio de legalidad, legitimidad y la presunción de carácter pacífico de toda reunión o manifestación, resultado de la inadecuadas acciones de inteligencia, monitoreo y difusión de información reservada". Adujo que por lo eso debe ser enjuiciado políticamente Fausto Cobo, director del Centro de Inteligencia Estratégica.

En la resolución, además, se requirió a los Ministerios del Interior y Defensa iniciar los procesos disciplinarios y de investigación en vía administrativa contra policías y militares que ejecutaron acciones que vulneraron derechos humanos de la sociedad civil en el paro.

También conminaron a la Fiscalía el inicio de las investigaciones penales sobre las víctimas mortales. Si titular, Diana Salazar, deberá presentar un informe al respecto.


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