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Obra pública con más avance se priorizará

La construcción de viviendas en el Plan Casa para Todos en San Lorenzo se reactivó con la aplicación de medidas de bioseguridad en los obreros. Foto: Cortesía / Ecuador

La construcción de viviendas en el Plan Casa para Todos en San Lorenzo se reactivó con la aplicación de medidas de bioseguridad en los obreros. Foto: Cortesía / Ecuador

La construcción de viviendas en el Plan Casa para Todos en San Lorenzo se reactivó con la aplicación de medidas de bioseguridad en los obreros. Foto: Cortesía / Ecuador

El ajuste a las cuentas fiscales, que el Gobierno se propuso realizar en medio de la pandemia del covid-19, incluye un recorte al gasto de inversión y obra pública de USD 1 300 millones para el 2020.

Antes de la pandemia, el Gobierno esperaba destinar USD  7 456 millones para este rubro en este año, el cual incluye la construcción de vivienda, como el plan Casa Para Todos, obras de generación eléctrica o mantenimiento vial.

Con el ajuste, el monto para inversión quedará USD en 6 156 millones en este año.

Hasta ayer 28 de mayo del 2020 se ejecutaron USD 1 473 millones en este tipo de proyectos. Esto significa solo una quinta parte de lo presupuestado para este año.

Cuando el precio del petróleo alcanzó los picos más altos de la década pasada, entre el 2012 y el 2015, la inversión en obra pública despuntó.

Pero desde el 2016 la cotización de esta materia prima ha marcado una tendencia a la baja y, con ello, los montos destinados a inversión y obras han venido cayendo desde el 2016.

Antes de la pandemia, el Gobierno proyectaba un incremento de USD 440 millones más en el Plan Anual de Inversiones para el 2020 en relación con el 2019. Además, se esperaba que el sector de la construcción despunte, con la emisión de un bono de USD 400 millones para la creación de un fideicomiso que permita otorgar crédito con tasas preferenciales para vivienda social.

Pero ahora, en la nueva normalidad, la obra pública se activará de a poco y solo en obras que estaban con importante avance, según la ministra de Gobierno, María Paula Romo.

De acuerdo con el Ministerio de Producción, hasta el 18 de mayo, 122 obras del sector público se incluyeron en el plan piloto de reactivación del sector de la construcción.

Entre ellas están obras de la estatal Ecuador Estratégico como el malecón Puerto Napo, viviendas en San Lorenzo del proyecto Casa para todos, algunas vías e infraestructuras para el sector de Salud.

Esa Cartera, que estaba encargada de la calificación de los proyectos hasta el pasado 18 de mayo, calcula que en conjunto las obras públicas y privadas en el plan piloto permitirán reactivar 25 000 empleos.

La competencia de calificación y aprobación de proyectos pasó a los COE cantonales.

Un problema es que el Gobierno no alcanza a ejecutar todo lo que planifica. En 2019, el Fisco gastó USD 5 586 millones en inversión y obras; esto es, un 23% menos que lo que había presupuestado inicialmente.

Eso hace prever, según Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, que el gasto en este rubro podría ser aún menor este año.

“Aunque estos ajustes buscan dar algo de equilibrio al déficit en el Presupuesto estatal, hay otras variables que siguen siendo un problema, como los USD 2 000 millones que el Gobierno esperaba por concesiones y que ahora ya no se recibirán”, acotó Ortiz.

Para Miguel Ricaurte, economista Jefe para la región Andina del Banco Itaú, el poco espacio fiscal, el alto endeudamiento y la falta de ahorros que tiene el Fisco, provocaron que Ecuador responda a la crisis con medidas de recorte de egresos. En cambio, Perú y Chile anunciaron programas de estímulo fiscal que representan el 8% y 7% del PIB, respectivamente.

El recorte en inversión tiene impacto negativo en la economía en el mediano y largo plazo, debido a que, por su naturaleza, genera plazas de trabajo y reactiva otras cadenas productivas explicó Ricaurte.

Henry Yandún, vocero de Constructores Positivos, cree que el recorte en inversión afectará a la actividad que genera 486 000 plazas de trabajo en el país. Por ello, dijo que el Gobierno debería promover las alianzas público- privadas bajo una norma “clara y motivadora”. El vocero refiere que la actual reglamentación es confusa y protege demasiado al interés público, lo que frena la inversión privada.