4G es la sigla utilizada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Foto: Archivo / EL COMERCIO
El país registró en marzo de este 2017 2,7 millones de conexiones 4G en dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tabletas, módems y otros equipos que se conectan a Internet.
Un año atrás, ese número de conexiones ascendía a 1,2 millones, según estadísticas de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones (Arcotel).
4G es la sigla utilizada para referirse a la cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. En términos generales, no es más que una mayor velocidad de transmisión de datos para mejorar la navegación de Internet a través de dispositivos celulares.
La GSMA -asociación que aglutina a operadoras y compañías del sector de telecomunicaciones de todo el mundo- proyecta que para el 2020 más de 6 millones de ecuatorianos ya contarán con 4G.
Las actuales cifras ubican a Ecuador en la media de la región en cuanto a cobertura de conectividad 4G, aseguró ayer, 10 de mayo, Sebastián Cabello, presidente de GSMA para América Latina, durante el Foro de Telecomunicaciones y TIC 2017, que se realizó en Quito.
La cobertura poblacional 4G llegó al 67% este año, mientras que en el 2014 alcanzaba el 28,2%. La media regional está en el 66%, según GSMA.
El crecimiento de usuarios en la red tiene que ver, en parte, con la inversión pública que se ha realizado en infraestructura, enfatizó ayer Alexandra Álava, ministra de Telecomunicaciones, quien participó en el evento organizado por Seminarium. La funcionaria explicó que durante los ultimos 10 años el Estado ha invertido unos USD 7 000 millones para fortalecer la infraestructura en telefonía móvil.
En noviembre del 2013, la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) fue la primera en ofrecer este servicio de alta velocidad para navegar. Con las empresas privadas -Claro y Movistar- las negociaciones se demoraron cerca de dos años para la concesión de espectro para que pudieran desplegar su red 4G.
En febrero del 2015, las dos operadoras suscribieron el acuerdo de concesión. Producto de aquello el Estado ecuatoriano anunció que recibiría USD 330 millones: 180 millones de Claro y 150 millones de Movistar.
La CNT ha sacado ventaja por entrar primera en este mercado y hoy posee el pedazo de pastel más grande en usuarios 4G con el 43,8%. Claro tiene el 29,07% y Movistar el 27,04%, según datos de la Arcotel hasta marzo pasado.
Cabello precisó que para que exista una mayor cobertura y calidad de 4G es clave contar con más espectro radioeléctrico y promover el despliegue de infraestructura.
El otorgamiento de más espectro –explicó Cabello– es lo que ha permitido que otros países de la región desplieguen la red 4G en su territorio “a todo vapor”, como el caso de Brasil, Argentina, México y los vecinos de Colombia y Perú.
Y añade que uno de los retos de las operadoras a escala mundial es el creciente precio del espectro radioeléctrico.
El espectro radioeléctrico, que está administrado por organismos gubernamentales, es un conjunto de ondas que viajan por el aire y que forman una gran autopista de las telecomunicaciones. A través de ella es posible transmitir imágenes, sonido y datos. Entre 2008 y 2016, el precio promedio del espectro creció 250%, señaló Cabello.
En el caso de Ecuador, dijo, la concesión de espectro a las compañías telefónicas está rezagada y aseguró que el precio que deben pagar las operadoras por estos acuerdos es dos veces más caro que en Estados Unidos y tres veces más comparado con Argentina.
Otro de los problemas que deben afrontar las compañías en Ecuador, señalaron los ponentes, son las multas y las reforma al marco regulatorio. Víctor García, director Regulatorio de Claro Ecuador, aseguró que “es urgente y necesaria una revisión de este tema”
Sobre esto, las autoridades han mencionado que las multas a Claro se deben a prácticas anticompetitivas. Sin embargo, la operadora ha planteado acciones legales.
García señaló que el pago por concentración de mercado, que fue introducido en el 2015 en la Ley de Telecomunicaciones, provocó un efecto de contracción en el sector. Esta regulación se aplica a las firmas que poseen una participación del mercado sobre el 30% hasta el 75%. El cobro se calcula sobre los ingresos totales y oscila entre el 0,5 y 9%. El Gobierno argumentó que se introdujo para evitar distorsiones en el mercado.