26 de febrero de 2018 00:00

Gobierno busca restituir incentivos mineros

Proyecto Fruta del Norte, adjudicado a la empresa Lundin Gold, se construye en la provincia de Zamora Chinchipe. Foto: Archivo (EL COMERCIO)

Proyecto Fruta del Norte, adjudicado a la empresa Lundin Gold, se construye en la provincia de Zamora Chinchipe. Foto: Archivo (EL COMERCIO)

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Mónica Orozco
Mónica Orozco. Editora (I)

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El Gobierno plantea reducir la carga tributaria que pagan las empresas mineras.

La ministra de Minería, Rebeca Illescas, anunció que el proyecto de Ley de atracción de inversiones, presentado la semana pasada y que está en análisis del Ejecutivo, plantea la eliminación del impuesto a los ingresos extraordinarios que deben cancelar las compañías de este sector, por el aumento del precio de los metales en el mercado exterior. Internacionalmente se le conoce como ‘windfall tax’ (impuesto a la ganancia inesperada).

El tributo, creado en la administración anterior, grava con un impuesto del 70% a la diferencia que existe entre el precio de venta de los metales pactados en los contratos y el precio de mercado.

Por ejemplo, si el precio del oro se pacta en USD 2 000 la onza en el contrato y en unos años el valor sube a 2 500, el ingreso extraordinario es de 500. Sobre esta base, el 70% va al Estado y el 30%, a la empresa.

Aunque hasta ahora no ha generado ningún ingreso para el Fisco porque las empresas están en fase de exploración o construcción de las minas, el ‘windfall tax’ ha sido un obstáculo en la llegada de nuevas inversiones, comentó el presidente de la Cámara de Minería del Ecuador, Santiago Yépez.

El tributo elevó la carga fiscal para el sector hasta el 30%, lo cual no era atractivo para las mineras, de acuerdo con un estudio de la empresa internacional Wood Mackenzie.

“El presidente Rafael Correa tenía la idea de que podíamos llegar a cobrar esos recursos a favor del Estado, pero ninguna empresa llegó al país”, comentó la Ministra de Minería.

Para reducir esa carga se hicieron varias reformas, especialmente al ‘windfall tax’. Inicialmente, el impuesto a los ingresos adicionales se entregaba un mes después de que las firmas mineras recuperen sus inversiones, pero una reforma introducida en la Ley de Plusvalía aprobada en diciembre del 2016 estableció que este tributo se empiece a cobrar cuatro años después de que la compañía haya recuperado sus inversiones.

Así la carga fiscal en el sector minero se redujo al 21 y 23%.
Pero en el referendo del 4 de febrero se aprobó la derogatoria de la Ley de Plusvalía y, con ello, los incentivos para el sector minero.

Para no afectar a las empresas y restituir los beneficios, el Ministerio cree que la salida es eliminar el ‘windfall tax’.

“Eso no significa que vamos a dejar de recaudar sino que estamos haciendo más atractivo al sector”, dijo Illescas.

Para el gremio minero la medida será: “aliciente importante”. Yépez explica que al no haber una norma similar en ningún país del mundo, esta tiende a generar un problema, ya que el inversionista no ve atractivo invertir si hay una carga tributaria excesiva.

La idea es presentar la Ley de atracción de inversiones durante la primera semana de marzo, dentro de un proyecto económico urgente, explicó el ministro de Comercio Exterior, Pablo Campana.

Otro tema que genera preocupación en el sector es la suspensión de la entrega de concesiones mineras.

Hace dos años, el Ministerio de Minería lanzó el catastro minero, un registro de las áreas mineras concesionadas, reservadas y libres existentes en el país, y permitió que se entregaran 275 nuevas conce­siones para exploración.

Pero el presidente Lenín Moreno pidió, el 11 de diciembre pasado, que se suspenda la entrega de concesiones mientras no se cumpla con todos los requisitos, como la consulta previa a las comunidades.

La Ministra de Minería aclaró que se trata de una suspensión temporal y no una “moratoria” ni freno a la industria.

Explicó que la medida, que está prevista en Ley de Minería, tiene dos objetivos. El primero es revisar las concesiones históricas que fueron adjudicadas hasta el 2016, pero cuyos peticionarios no continuaron con la regularización de estas solicitudes. Hay casos donde se cerraron las concesiones, pero no se hizo el registro.

En esa revisión trabajan, además, el Ministerio del Ambiente y la Secretaría del Agua.

Y, segundo, dice la Ministra, se revisará que después del 11 de diciembre no se hayan dado áreas, como dispuso el Presidente. Hasta ahora esto no se ha detectado.

Para Yépez, la suspensión obedeció a la presión política de grupos antimineros en medio de la campaña para la consulta popular. El directivo consideró que está bien hacer una revisión al proceso de subasta para la entrega de concesiones, que debe ser mejorado, pero preocupa una revisión a las concesiones ya entregadas. “Es una señal de posible inseguridad jurídica”.

En contexto
El pasado 4 de febrero se aprobó la derogatoria de la Ley de Plusvalía. La norma incluye una disposición transitoria con incentivos para la minería, que también serán eliminados una vez que se debata en
la Asamblea.

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