El articulado eléctrico del Corredor Central Norte. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Un grupo de 25 dirigentes de operadoras de transporte público de Quito viajó a Chile esta semana, para probar en ruta buses eléctricos de tres marcas: Yutong, BYD y Volvo.
La aspiración, según Jorge Yánez, representante del gremio, es adquirir 80 buses articulados eléctricos para el Corredor Sur Oriental y reemplazar los alimentadores con vehículos que usan esta energía.
Toda la flota de buses se cambiará paulatinamente, según las necesidades, el presupuesto y la reorganización de rutas y frecuencias que se aplicarán cuando opere el Metro de Quito.
“Una cosa es mirar un bus en fábrica y otra el desempeño en la ruta. Estamos aquí desde el martes y también hemos probado las bondades de la tarjeta de recaudo y del sistema integrado de recaudo”, dijo Yánez este jueves 6 de junio del 2019 desde Santiago de Chile.
Este es el tercer plan de compra masiva de buses eléctricos (cada uno tiene capacidad para 160 pasajeros). Antes se aprobó un crédito para que la Empresa de Transporte de Pasajeros adquiera 50 troles y 20 articulados 100% eléctricos, que operarán en los carriles exclusivos del Trole y la Ecovía.
Además, los concesionarios del Corredor Central Norte planean comprar 60 articulados. En el momento, el Corredor tiene una unidad eléctrica BYD recorriendo (con pasajeros) la ruta La Ofelia-La Marín. Lleva seis meses en pruebas.
Las pruebas técnicas estuvieron a cargo del Centro de Capacitación e Investigación en Control de Emisiones Vehiculares de la Politécnica Nacional. Fabián Espinoza, su director, explica que en ese caso el bus cumple con especificaciones técnicas de su catálogo, como la autonomía de carga de 300 kilómetros. Subraya que los articulados cubren ejes transversales y circulan por vías mayoritariamente planas.
Pero en una ciudad de geografía irregular, como Quito, es prioritario hacer pruebas en ruta para todos los buses y más para los que recorrerán calles empinadas, en barrios como San Juan, que tienen cuestas de considerable pendiente.
En las rutas de buses convencionales y alimentadores hay constantes paradas, semáforos y congestión. Esos factores, además de sistemas como el de aire acondicionado, por ejemplo, consumen más energía y pueden afectar a la autonomía de los vehículos. También se debe evaluar la potencia del motor, para que un bus con pasajeros pueda arrancar sin problemas en cualquier vía, sobre todo en las cuestas.
Personal de la Politécnica en el laboratorio de pruebas de vehículos. Foto: Galo Paguay / EL COMERCIO
Estos factores deberían constar en un manual, para que operadoras públicas y privadas tengan una base técnica para la compra de vehículos adecuados para Quito, según sus rasgos geográficos. Sin embargo, según Espinoza, eso no existe. Desde el 12 de marzo pasado está vigente la Ley de Eficiencia Energética, cuyo reglamento tenía un plazo de 90 días para publicarse. A seis días de la fecha límite, aún no se conoce su contenido.
“Si no hay un manual, hay problemas. Un lindo carro que no suba cuestas es un mal negocio”, dice Espinoza. Además, es importante que esas especificaciones se establezcan, porque los bancos públicos financian la compra de este tipo de vehículos, que desde esta semana no tienen aranceles. El dinero del Estado se cuidará si es bien invertido. “Ahora bajarán los precios, pero no será buena inversión si no se aplica una norma que garantice el funcionamiento”.
Esa ley también señala que a partir del 2025 todos los buses de transporte público urbano e interparroquial del país deberán ser eléctricos. La ley dispone a los municipios establecer incentivos para fomentar el uso de este tipo de vehículos.
Un estímulo, en el caso del transporte público, podría ser la tarifa. Guillermo Abad, secretario de Movilidad, señala que al proyecto de ordenanza de estructura tarifaria que dejó la administración anterior le hace falta un rubro para el transporte en bus eléctrico.
Eso se incorporará porque los costos de inversión son distintos y estos buses, que son cero emisiones, reducirán los niveles de contaminación ambiental generales de la ciudad.
A la par de la reformulación de la estructura tarifaria, la Secretaría revisa los términos de referencia para la compra de los articulados del servicio municipal. La idea es concretarla a la brevedad, porque “el transporte municipal requiere mejoras para ser ejemplo del convencional”, dice Abad.
Además, se incorporará La Quiteña, una tarjeta prepago con chip que será el centro de un sistema integrado de recaudo para todos los servicios (corredores, Trole, Ecovía, buses convencionales y Metro) para pagar el pasaje a través de ella, códigos QR y tarjetas de crédito y débito. Todo deberá estar listo máximo en un año, pues el Metro entrará a operar entre abril y junio del 2020.