8 de enero de 2021 00:00

En una operación de cinco años se desviaron 5 millones del bono solidario

7 913 familias vulnerables ya han cobrado el bono de apoyo nutricional que se anunció a finales de septiembre. Foto: Pixabay.

Imagen referencial. Las personas que atendían estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no. Foto: Pixabay.

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Diego Puente

La red delictiva operaba a través de locales que permiten hacer transacciones bancarias. Uno funcionaba en una bodega de abastos en Santo Domingo de los Tsáchilas; y otro, en un cibercafé instalado en Puerto Quito, Pichincha.

Las personas que atendían estos negocios podían ver quién cobraba el bono solidario y quién no. Con esos datos armaron todo un aparataje que les permitió desviar USD 5 millones de los fondos que son cubiertos por el Ministerio de Inclusión Social (MIES).

La operación se ejecutó entre el 2014 y el 2018. Hoy existen cinco procesados, quienes el 10 de febrero próximo enfrentarán un juicio por lavado.

¿Cómo operaban? Cuando alguien dejaba de cobrar por muerte, enfermedad u otras razones, los dueños de los locales enviaban los datos de los beneficiarios a otras personas.

Ellas usaban esa información, recaudaban los fondos y los depositaban en sus cuentas.

Las primeras alertas aparecieron en el 2017. Un año después, los cinco ya fueron procesados por defraudación tributaria y asociación ilícita.

La Fiscalía maneja informes de Criminalística en los que constan las conclusiones de los análisis realizados a celulares, computadoras y cámaras de seguridad. También están informes de intervenciones telefónicas y seguimientos.

Además, existe un informe de la Unidad de Lavado de Activos (UAFE), que encontró ingresos irregulares entre los miembros de la red ilegal.

Los abogados de los sospechosos rechazaron que el expediente de lavado se haya iniciado por el informe que esa entidad emitió en el 2017.

Según los juristas, sus clientes ya fueron juzgados por defraudación tributaria y asociación ilícita, y pidieron archivar el caso relacionado con el blanqueamiento de dinero, “porque no se puede juzgar a una persona más de una vez por un mismo delito”.

La Fiscalía argumentó que son ilícitos diferentes y que hoy se busca establecer el origen ilegal del dinero con el que los procesados compraron bienes muebles e inmuebles que fueron incautados.

Tras los rastreos, los agentes detectaron que los imputados tenían a su nombre nueve vehículos, cinco lotes de terreno, casas y negocios. Nada puede ser vendido hasta que finalice el trámite por lavado. Los sospechosos están libres, pues un juez les ordenó cumplir medidas alternativas a la prisión.

Las pericias hechas a las cuentas de uno de los imputados indican que entre el 2013 y el 2017, sus ingresos en el sistema financiero llegaron a USD 1 065 178, mientras que la declaración al Servicio de Rentas Internas por esos años fue de USD 113 328. Según Fiscalía, esto evidencia que USD 951 849 no fueron declarados.

Los cuentas del resto también presentan novedades. La Fiscalía encontró que el 91,14% de los valores depositados, solo del 2015 al 2017, tenía la frase “pago bono solidario CNB”. Ese elemento será presentado en la audiencia de febrero.

Entre las 7 994 transacciones detectadas a favor de los imputados había valores que iban desde USD 50 hasta los USD 200. Los abogados alegaron que todo era legal y que pertenecían a los ingresos lícitos de los negocios de abastos, del cibercafé y de las comisiones por transacciones bancarias.

Los agentes indagan en este momento si al menos USD 1 millón se desvió a las cuentas de un club de fútbol que milita en la primera categoría de la liga nacional, en el que dos de los procesados fueron dirigentes.

En la audiencia preparatoria de juicio, los abogados de los aludidos indicaron que “no existe una relación” entre el presunto lavado y la administración del equipo, que los ingresos fueron legales y que correspondían a los pagos de derechos de televisión, auspicios y aportes públicos y privados.

El Código Penal (art. 317) sanciona con penas de entre 10 a 13 años a quienes tengan o transfieran activos de origen ilícito, cuyo monto supere 200 salarios (USD 80 000).

Las autoridades investigan si hubo personal del MIES que colaboró en este ilícito. Cinco funcionarios fueron desvinculados y son parte de una investigación por casos similares de cobros ilegales.

Por ahora se conoce que en el grupo de los cinco, cada sospechoso manejaba más de un celular para enviar a sus colaboradores los datos de los beneficiarios del bono.

Los chips de los teléfonos pertenecían a terceros. La idea era despistar a la Policía. Estos datos constan en las 18 761 fojas del expediente por lavado que maneja la Fiscalía.

En esos documentos se incluyeron también los testimonios de personas que aseguraron que después de un tiempo de no haber cobrado el bono intentaron hacerlo, pero en las ventanillas les decían que los fondos ya habían sido ­entregados y que no tenían nada pendiente. Los agentes recopilaron todos estos datos para el enjuiciamiento.

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