En febrero y junio últimos, el Presidente de Venezuela anunció que se retiraría del sistema de derechos humanos, a causa de una sentencia de la Corte Interamericana que le disgustó. En su dialéctica revolucionaria, usó duros epítetos para juzgar a la Corte acusándola de “ser indigna de llevar ese nombre de derechos humanos apoyando al terrorismo”. Su canciller añadió que la Corte “ha entrado en una etapa de degradación moral, ética y jurídica”, al favorecer a “detractores de la revolución bolivariana”.
La insólita amenaza se ha concretado. El 11 de septiembre, Chávez oficializó su decisión, que reputados juristas consideran de imposible cumplimiento, ya que la Corte es parte esencial del sistema interamericano. Aún si Venezuela se retirara de la OEA, seguiría obligada por principios y normas universales, que no está en su poder desconocer. La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos ha calificado de “devastador” el anuncio.
Los gobiernos autocráticos se sienten incómodos cuando se les exige respetar los derechos humanos porque, por un lado, se proclaman defensores del pueblo y, por otro, no permiten que se debatan públicamente sus falencias. Intelectualmente inmovilizados ante la disyuntiva, disfrazan sus reales intenciones y proponen reformas al sistema cuya desaparición anhelan.
Es de lamentar que el Ecuador sea uno de tales países. A nadie se le puede ocurrir que las instituciones vigentes, nacionales o internacionales, no necesiten reformas. Los procesos de adaptación a las nuevas realidades sociales son indispensables, pero no pueden ir en contra de las realidades humanas inmutables, que han resistido y seguirán resistiendo el paso de los siglos y el más efímero paso de los gobiernos. La lucha de la raza humana para que se respete la dignidad esencial de todos ha logrado crear sistemas de protección contra los abusos -reales o posibles- del poder: ¡esta es la esencia temporal del paso del ser humano sobre la tierra!
Correa y Patiño se han proclamado portaestandartes de la reforma del sistema interamericano. En la última Asamblea General de la OEA, propusieron cambios en el financiamiento, presentación de informes y coordinación de los trabajos de la Comisión de Derechos Humanos con los gobiernos. Se opusieron a que la Relatoría para la Libertad de Expresión consiga fondos por iniciativa propia aduciendo que “ha sido capturada por los intereses norteamericanos”. Lograron que se nombre una comisión para estudiar las reformas. Más de cien notables personalidades latinoamericanas han advertido acerca de los peligros ocultos en la engañosa iniciativa.
En este, más que en otros temas, el pueblo debe estar atento para oponerse a que sus derechos, bajo el disfraz de modernización, queden pospuestos y el autoritarismo marche contra la historia.