Más de cinco años han pasado desde que la justicia determinó el delito de estafa masiva en el caso Proinco y ordenó resarcir a las víctimas. Eso dice la sentencia, pero la realidad es que hasta ahora no han podido recuperar su dinero.
Existen 1 356 perjudicados de la sociedad financiera que captó dinero de la gente pese a que no estaba autorizada a hacerlo. El esquema incluyó a las empresas vinculadas Mingacorp, Encaisser y Maktradecorp. Por esos hechos, Santiago Ribadeneira, titular de las tres firmas, cumple 13 años de prisión.
El monto pendiente de pago suma unos USD 100 millones e incluye a perjudicados de la tercera edad y con enfermedades catastróficas que “quizá ya no lleguen a ver su dinero”, según Gissella Corrales, titular del Comité de Víctimas, que reúne 400 personas.
El tortuoso proceso para ellos empezó en 2016, cuando estalló el escándalo. Desde entonces, los perjudicados ni siquiera han podido acceder al seguro de depósitos que les cubre USD 32 000.
Ese derecho les niegan, según Corrales, pese a que muestran respaldos de las transferencias de dinero a las cuentas de Proinco. La respuesta que les dan es que las empresas vinculadas no eran parte del sistema financiero.
En un último informe, el liquidador de la entidad reconoce que las personas entregaron dinero a Proinco, pero dice que solo pueden cobrar dos, quienes presentaron certificados originales de inversión. El resto tiene copias.
Además, el 14 de junio pasado, la Superintendencia de Bancos (SB) concluyó el proceso de liquidación forzosa y la existencia legal de Proinco.
El representante legal de Rivadeneira, Daniel Pineda, explicó que hay la opción de crear un fideicomiso con la recuperación de recursos de las tres firmas vinculadas. “Hay USD 98 millones en activos”, aseguró. Unos 150 acreedores han pronunciado su interés por esta solución.
Pero el Comité de Víctimas no aceptará, pues en el pasado ya se entregaron terrenos para cubrir acreencias, pero resultó en “una nueva estafa”. Esos bienes tenían un valor menor al ofrecido y no contaban con permisos de uso de suelo que impiden su aprovechamiento, según Corrales.
Los afectados responsabilizan al Estado. En 2015 Proinco recibió una calificación de riesgo E, lo que le impedía seguir operando, pero siguió vía las empresas vinculadas sin control, dijo Corrales. Por eso, acudirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este Diario pidió la versión del caso a la SB y a la Superintendencia de Compañías; pero hasta ayer no hubo respuesta.
Testimonio
María Nancy Arcos/ afectada del caso Proinco: ‘Se perdió mi dinero y el de mis padres y hermanos’
En el 2008, mi mami conoció a la señorita Liliana Ramos que trabajaba en Proinco. En esa época mis tres hermanos y yo estábamos en Italia. Viví ahí durante ocho años. Aunque teníamos poco trabajo, enviábamos dinero a mi mamá para la operación, quimioterapia y radioterapia de mi papi. Él está enfermo, tiene cáncer facial, ya no tiene la nariz y una parte del rostro.
Entonces, Liliana iba a buscar a mi mamá, llevando un litro de leche y pan. En mayo de ese año, le fue a ver a mi mami y le llevó en taxi a las oficinas de Proinco, por la Orellana, para que deposite USD 3 000. Envié ese dinero para la operación de mi papá que era en octubre. Liliana les dijo que hasta esa fecha ya iban a tener USD 4 500. Los primeros años todo iba normal, mi mamá recibía el dinero de los intereses.
Volví de Italia en el 2014 para cuidar a mis papás que ya estaban viejitos. Entonces mi mami nos convence a mis hermanos y a mí también para que invirtamos en Proinco.
Yo no quería, pero Liliana nos insistía, me llamaba, me visitaba, hasta que accedí. Puse todos mis ahorros del trabajo en Italia, que eran unos USD 40 000. En total somos tres familias de mi entorno que dejamos el dinero y nos estafaron.
Hasta la fecha no hemos recibido nada de nuestro dinero y necesitamos para nuestros gastos y sobre todo por los cuidados médicos de mis papás que tienen más de 80 años.
Mi mami casi se muere hace seis meses por una hernia que tiene en la pelvis y tras insistir en el hospital público le atendieron.
Nos dedicamos a hacer comidas solidarias una vez cada dos meses y revendemos productos que salen en oferta para poder pagar la alimentación, los servicios básicos y lo que podamos de los tratamientos y medicinas de mi papi.
Necesitamos unos USD 300 al mes, que no podemos reunir y hay ocasiones que mi papi no recibe el tratamiento. Ya son casi tres meses que no le hemos llevado a los chequeos en el Hospital Eugenio Espejo y no ha recibido tratamiento porque no tenemos el dinero ni siquiera para el pasaje.
No tengo un ingreso fijo. Trabajo limpiando una clínica dental de una vecina y también recojo botellas o chatarra, pero no puedo mucho porque a mis 55 años tengo artrosis, problemas con la tiroides y diabetes. Yo no soy estudiada ni mis hermanos, por eso fuimos presas fáciles de esta estafa financiera.
Incluso antes del 2016 ya no nos dejaron sacar el dinero invertido y luego ya supimos que la empresa estaba con problemas. Lo único que nos dicen es que esperemos, que ellos están haciendo lo posible, pero siempre me pregunto ¿qué esperanza tenemos?