Los acreedores de deuda ecuatoriana tienen hasta este viernes para aceptar o rechazar la propuesta del Gobierno, que planteó reestructurar cerca de USD 18 000 millones en bonos. Hasta la semana pasada había un 53% de apoyo, pero se necesita 66% para nueve bonos y 75% para otro que vence en el 2024.
Si hay apoyo, el Gobierno lograría un alivio para la caja fiscal durante este y los próximos años, ya que lograría recortar el capital, reducir las tasas de interés, ampliar el plazo para pagar y contar con períodos de gracia para cancelar sus obligaciones.
Si no se consigue el apoyo necesario, el escenario para el país -y para los propios acreedores- sería un ‘default’ de la deuda. El Gobierno ha señalado que cualquier propuesta que implique ofrecer una mayor rentabilidad a los acreedores significaría elevar el sacrificio para el país, lo cual es inaceptable en las actuales circunstancias.
La actual coyuntura de la pandemia juega a favor de Ecuador. La propuesta nacional ha recibido el apoyo de los organismos internacionales como el FMI, CAF, BID, entre otros. Además, alrededor del mundo hay cada vez más voces que piden reducir el peso de la deuda de los países de menores ingresos para que puedan atender sus mayores necesidades de salud derivadas por el covid-19. La semana pasada, la ONU incluso planteó una moratoria en el pago de la deuda para que los Estados puedan asignar un ingreso mensual a 2 700 millones de personas en 132 países.
Esta renta básica o ingreso mínimo temporal busca atender a los grupos más pobres, que hoy son los más propensos a contagiarse por el coronavirus. Entonces, si los acreedores no aceptan la propuesta ecuatoriana, un ‘default’ de la deuda no sería mal visto por buena parte de la comunidad internacional, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el 2008.
Está claro que una reestructuración de los bonos no resuelve el problema fiscal, pero sí quita una piedra en el camino para sanear las finanzas públicas, no solo del actual Gobierno sino de los siguientes.
Las necesidades de financiamiento del Ecuador para los próximos años rondan los USD 10 000 millones anuales, lo cual es insostenible. Pero esa insostenibilidad fiscal no es nueva y data del 2014. Sin embargo, se ha profundizado con el actual Gobierno debido a la reducción de ingresos y un estancamiento económico, lo cual se agravó con la pandemia del covid-19.
Las autoridades necesitan bajar las necesidades de financiamiento, lo que implica reducir el déficit fiscal. Y la única forma de hacerlo es recortando gastos y subiendo ingresos. La reducción del tamaño del Estado o la lucha contra la corrupción no parecen suficientes, por lo que será necesario subir ingresos, es decir, más impuestos, una tarea que quedará para el nuevo gobierno.
Mientras tanto, el riesgo país continuará alto (hasta el viernes estaba en 2 777 puntos), no tanto por un ‘default’ de la deuda externa, sino por el riesgo de que las finanzas públicas sigan insostenibles.