El Presidente Santos de Colombia acaba de reconocer, en la ONU, que el narcotráfico es la “principal amenaza contra la paz”, por lo que sugirió buscar diferentes enfoques para combatirlo: “La estrategia basada exclusivamente en la prohibición y la represión solo ha generado más muertos, más presos y organizaciones criminales más peligrosas”.
El Ecuador está viviendo estos problemas en carne propia, lo que ha llevado a algunas voces autorizadas a sugerir un amplio debate sobre la legalización de la droga. Su principal argumento consiste en recordar que, a comienzos del siglo XX, los Estados Unidos estaban dominados por el crimen organizado, financiado, sobre todo, por el tráfico ilegal del alcohol. Al legalizarse su comercio, la violencia y el terror entraron en agonía.
El tema de la droga plantea problemas de naturaleza múltiple. Éticos, puesto que, al despenalizar su uso, se sugeriría un cambio de paradigmas. Si antes era malo traficar droga, convertirlo en bueno con una reforma legal no satisfaría a la conciencia ética. La corrupción de las costumbres es lo peor que le puede ocurrir a una sociedad. Estamos viendo los efectos negativos causados, sobre todo en la niñez y juventud, por la escala permisiva de consumo aprobada por Correa.
La droga es también un problema de salud. Pero este enfoque no agota su contenido esencial ya que, habiéndose convertido en una pandemia universal, la solución pasa por la concertación de acuerdos globales basados en el reconocimiento de la corresponsabilidad y en el carácter multidisciplinario de cualquier solución.
Siendo un problema socio-económico, la fórmula para combatirlo debe incluir medidas que propicien justicieramente el desarrollo sustentable. La represión no basta. El comercio de la droga moviliza enormes capitales. Si el Ecuador lo legalizara, se convertiría en un polo de atracción para traficantes y consumidores, lo que le crearía problemas más graves. Si, en cambio, así procediera un grupo significativo de países, incluidos los mayores consumidores, su influencia política y económica sentaría un ejemplo y haría posible una decisión multilateral que tendría la virtud de conferir eficacia a la medida. Por lo tanto, si el Ecuador llega a concluir que la solución del problema consiste en combatir y eliminar las ganancias millonarias y los intereses criminales de la droga y que para ello es necesario legalizarla, no debería proceder aislado sino como parte de una acción internacional concertada.
Hay que reflexionar sin prejuicios y con realismo sobre esta materia, consultar con los mejores especialistas y formular una línea de política con objetivos claros, sólidamente basada en la experiencia y en las realidades concretas. Por ahora, cuanto se diga no pasa de ser una sugerencia de buena voluntad.