Un viento helado recorrió su cuerpo. Mientras pagaba por una pinta de sangre que le pidieron los médicos de una clínica privada de Quito, sintió que su hija moría.
Ella dio a luz y después del parto se desangró. “Sentí que alguien se aferraba a mí y me cogía con desesperación. En ese instante supe que mi hija Mónica murió“, dijo Teresa, quien pidió no ser identificada por temor a lo que pueda pasarle.
Era el segundo parto de Mónica. A sus 26 años ingresó a la casa de salud para dar a luz a una niña, que ahora tiene 16 años. “El parto fue normal, pero se complicó y se desangró. Alerté a los médicos que había mucha sangre y no me hicieron caso; es algo leve, decían”.
Este caso fue llevado a los tribunales, pero después de cinco años se dictó sentencia: “No procedió, no hubo pruebas para declarar culpables a los doctores”.
¿Qué dice actualmente la ley sobre los errores médicos? En el artículo 434 (en el capítulo referido a los delitos contra la salud pública) del vigente Código Penal se establecen multas y sanciones por “actos cometidos por imprudencia, negligencia, impericia o inobservancia de normas”. Las multas son de USD 8 a USD 77 y la cárcel (si hay enfermedad o muerte) va de seis meses a cinco años.
Por este tipo de hechos, según la Fiscalía, se registraron 54 denuncias entre enero del 2011 y marzo del 2012. De esas casos, ninguno recibió sentencia. En ese período, 30 denuncias fueron desestimadas. Unas estaban en indagación previa y otras en instrucción.
Ahora, en el proyecto de Código Integral Penal que se tramita en la Asamblea Nacional, se tipifica la penalización de la mala práctica profesional con sanciones que van entre tres y cinco años.
Juan Ortiz, esposo de Sonia García, que murió por presunta mala práctica en Quito, está de acuerdo con este articulado, aunque considera que se pueden endurecer las sanciones. “Aún falta tipificar que las penas deben cumplirlas (los médicos) sin derecho a rebaja”.
García falleció el 21 de mayo del 2012. Era lunes. En la noche previa ingresó a las instalaciones de un centro asistencial, para someterse a una manga gástrica, operación que la ayudaría a reducir la glucosa y evitarle una posible diabetes. También se dijo que la ayudaría a tener “mejor figura”.
Se trataba de una cirugía del día y el plan de los esposos era merendar juntos. Pero al siguiente día Ortiz recibió una llamada y tuvo que ir inmediatamente a la clínica: hubo un complicación médica con su esposa y los doctores dijeron que la salvarían.
“Mi esposa estaba conectada a los equipos médicos, tenía sueros en los brazos… Observé sangre en el piso, en las paredes (de la habitación), la toqué y estaba tibia. Al no ver a los médicos llamé a la Policía y uno de ellos me dijo que estaba muerta”, recuerda Ortiz.
El 28 de junio pasado, Luis Fuentes, juez del Tribunal Décimo de Garantías Penales de Pichincha, declaró culpable a uno de los médicos que participó en la operación de García.
No solo las instancias judiciales indagan a los médicos. Los gremios eligen un Tribunal de Honor provincial para que investigue las denuncias de los pacientes. En Pichincha, por ejemplo, se han recibido 66 denuncias de supuestas intervenciones médicas inadecuadas desde el 2000. En 13 años, cuatro profesionales recibieron sanciones administrativas.
Teresa recuerda que entró al quirófano y la sangre de su hija se encontraba en el piso y en un balde: “Estaba muerta y los médicos solo veían el cadáver”. Ella asegura que siguió el juicio solamente para que quede un precedente: “A pesar de todo, confío en los médicos“.
Testimonio Oswaldo Álvarez / Paciente
‘Después de seis horas de operación, volvía a nacer’
“Estaba en mi negocio, un local de alquiler de computadoras. Eran las 10:00 de un día de septiembre y recibí una llamada que esperé durante cinco años: debía presentarme urgente en el Hospital Carlos Andrade Marín. Encontraron un donante para mí.
En el 2009 me diagnosticaron insuficiencia renal crónica. En ese tiempo vivía en Esmeraldas y me dio una infección intestinal.
Después de los exámenes me dijeron que mis riñones perdieron su función. Fue la peor noticia de mi vida. En ese hospital no existían médicos nefrólogos y me tocó venir a Quito.
Ingresé a la lista única de trasplantes y mientras esperaba un donante me tocó hacer diálisis tres veces por semana. Cuando me descuidaba y tomaba más líquidos de lo normal sufría las consecuencias del tratamiento: vómito, dolor de cabeza, decaimiento. Esta enfermedad sufrí solo con mi esposa y mi familia.
No les conté a mis amigos, no quería sentirme menos ni más que nadie, no quería que me tuviesen lástima ni que me apreciaran por mi estado de salud.
Procuré no dejar las reuniones sociales, no quería que me vean mal. Eso me ayudó a darme ánimo a mí mismo. Una persona enferma no debe dejar de salir, porque al estar encerrado en la casa no va a encontrar la mejoría. En esos momentos es cuando más se valora la vida y se intenta compartir con la gente que uno quiere. A pesar de haber ocultado mi enfermedad a mis amigos, cuando les comenté que me operaría estuvieron ahí. No se alejaron, no me quedé solo.
Después de seis horas de operación tengo un riñón nuevo; volví a nacer. Ahora pienso que así como está el Código Penal no me habrían operado. Estoy seguro que los médicos no se habrían sometido a este riesgo.
En este caso mi cuerpo reaccionó bien. Estoy agradecido con los médicos y el donante. Fue cadavérico. A pesar de su partida, él vive en mí. Él es un ángel, porque me permitió vivir. No toda la gente sabe lo que significa donar, lo que es dar vida con una muerte”.
Punto de vista Ángel Alarcón Presidente del Tribunal Honor Médico de Pichincha
‘Comunicación con el paciente’
Los doctores ejercemos la medicina por vocación y por convicción, bajo una figura legal de homicidio no intencional, que está en el Código Penal actual.
A pesar de eso, nosotros actuábamos con la posibilidad de que si se muere un paciente se entraba a esa situación jurídica.
Pero cuando se hace una auditoría médica no hay una mala práctica, lo que hay es una complicación grave y el médico no tuvo la capacidad de comunicar adecuadamente al paciente los riesgos y complicaciones antes de la operación.
Un estudio a escala mundial revela que en el 70% de demandas, el paciente dice que el médico no le explicó adecuadamente el riesgo, un 15% de los pacientes que hace juicio quiere dejar el precedente del error y el otro 15% busca un resarcimiento económico por la práctica.
María José Carrión. ‘Es necesaria la existencia de una norma’