Japón debe detener la caza de ballenas en el océano Antártico, ordenó ayer (31 de marzo de 2014) la Corte Internacional de Justicia (CIJ), al estimar que Tokio realiza la actividad comercial haciéndola pasar por científica.
Los jueces estimaron que los permisos concedidos a Japón en el marco del programa Jarpa II, un convenio que permite la caza de ballenas únicamente con fines científicos, se realizan con “poca transparencia”. Precisamente, esa falta se reflejó en la elección del tamaño de las muestras de los cetáceos, que incluyen, por temporada, la pesca de 850 ejemplares de rorcual aliblanco, 50 de ballena jorobada y 50 de rorcual común, expusieron los magistrados.
Para el biólogo Andrés Córdova, de Mar Sano, una ONG que trabaja en Ecuador en temas de conservación marina, la decisión de la CIJ es acertada. Esto, porque según Córdova la población de la ballena rorcual común (el segundo mamífero más grande del mundo) se está reduciendo. Lo enunciado por el biólogo ecuatoriano tiene sustento en un estudio publicado en la revista Marine Mammal Science. Ahí se incluye a esta especie en la lista de animales en peligro de extinción.
“Japón no ha podido explicar por qué aumentó el tamaño de la muestra, ni por qué incluyó a otras dos especies de cetáceos en la pesca”, dijeron los representantes de la CIJ.
Frente a esto, el portavoz de la delegación japonesa, Nori Shikati, dijo que aunque Japón está “decepcionado y lamenta” el fallo”, lo acepta porque tiene la obligación de cumplirlo, porque es vinculante”. Sin embargo, recalcó que en Tokio se ha mantenido un programa de caza de ballenas que perseguía, entre otros fines, un control permanente del ecosistema y de la población de esos cetáceos.
Tokio abandonó la caza de ballenas en 1986, cuando entró en vigor una prohibición decretada por la Comisión Ballenera Internacional (CBI) para la caza comercial de ballenas en todos los océanos del mundo, pero la retomó posteriormente bajo un programa con fines científicos (Jarpa) autorizado por la comisión ballenera, a pesar del escepticismo de muchas asociaciones y países.
Australia, que demandó a Japón ante la CIJ en mayo del 2010, basó su pedido en la Convención Internacional para la Reglamentación de la Caza de Ballena, firmada para promover la conservación de estos mamíferos y desarrollar la industria ballenera responsable.
En el caso de las ballenas jorobadas, las cuales llegan hasta las costas ecuatorianas, entre junio y octubre, para aparearse y tener a sus crías, la Fundación para la conservación de la vida marina Equilibrio Azul, junto con el Ministerio del Ambiente (MAE), trabaja en programas de conservación de estos cetáceos.
Estos animales son un símbolo y una fuente de ingresos para las comunidades de la Costa. “Esto al potenciar el turismo en esas zonas con su avistamiento, por lo que es de sumo interés para el Ecuador su conservación”, señaló el MAE.
El Fondo Internacional para el Bienestar Animal se congratuló por el fallo de la CIJ y Patrick Ramage, uno de sus directivos, instó a Japón, Noruega e Islandia, los tres países que aún cazan ballenas con propósitos comerciales, a aceptar que ello no puede ocurrir en el siglo XXI y a que cumplan la sentencia dictada ayer.
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