El nuevo caso de envenenamiento de mascotas causa indignación entre los moradores de la parroquia de Pifo, ubicada en el nororiente de Quito. Este jueves 7 de octubre de 2021 un equipo veterinario de la Unidad de Bienestar Animal (UBA), de la Secretaría de Salud del Municipio, junto a la Agencia Metropolitana de Control (AMC), se trasladaron hasta esa localidad para realizar las investigaciones sobre la muerte de ocho perros.
Los veterinarios ejecutaron el procedimiento técnico de necropsia forense con el fin de determinar las causas de la muerte de los canes y continuar con las acciones administrativas y legales pertinentes, informó esta tarde el Cabildo en un comunicado.
Los vecinos de Pifo se mostraron consternados y rechazaron este tipo de acciones que atentan contra la vida de las mascotas, sobre todo teniendo en cuenta que se trata del segundo caso de envenenamiento que se registra en Quito en menos de un mes.
El pasado 14 de septiembre los moradores del barrio Caminos a la Libertad, en el noroccidente de Quito, denunciaron la muerte de al menos 20 perros. Los cadáveres de las mascotas fueron encontrados a lo largo de la calle B24 y su intersección con la perimetral derecha. También en las escalinatas de cemento, junto a los postes de alumbrado y otros puntos del vecindario. “Todo ocurrió entre la noche del lunes y la mañana del martes 14 de septiembre cuando un vecino nos alertó lo que había sucedido,” contó ese día la vecina Dolores Chávez.
La Unidad de Bienestar Animal rechazó estos actos de maltrato y señaló que hará un seguimiento del caso en la parroquia de Pifo. La sanción para la persona responsable de cometer este delito puede ser de hasta USD 4 000.
El artículo 123 de la ordenanza 019-2020 que protege el bienestar animal y fauna urbana establece las siguientes infracciones como muy graves:
20) Suministrar a los animales cualquier sustancia química o psicotrópica, venenosa o tóxica, así como provocar deliberadamente que la ingiera.
21) Sacrificar o causar la muerte de animales de compañía, sea en forma masiva o individual, sean que estos se encuentren bajo su tenencia responsable o en la de otros.
La sanción por los artículos citados son diez remuneraciones básicas unificadas (USD 4 000); además de constar en el registro pertinente legal nacional y metropolitano.
