La falta de compromiso con la zona intangible en el Yasuní mantiene al conflicto sin conciliación, en la CIDH.
El Estado de Ecuador reconoció ante la CorteIDH que no investigó las matanza en los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, en la Amazonía.
El Consejo de Gobierno de la Nacionalidad Waorani informó que el 70% de sus pobladores tiene síntomas de covid-19. De los 4 000 indígenas que viven en 47 comunidades fallecieron dos integrantes por causa del coronavirus.
La Fiscalía informó el miércoles 14 de agosto del 2019 que el Tribunal de Garantías Penales de Francisco de Orellana sentenció a 200 horas de trabajo comunitario por año, durante 4 años, a 10 ciudadanos waorani procesados por el asesinato de un número indeterminado de aborígenes del pueblo taromenane, en la Amazonía del Ecuador.
La zona intangible del Parque Nacional Yasuní, donde se asientan pueblos en aislamiento voluntario, tiene una nueva delimitación.
A través del Decreto Ejecutivo 751, suscrito la noche del martes 21 de mayo del 2019, el Gobierno de Ecuador estableció una nueva delimitación de la Zona Intangible Tagaeri Taromenane, para los pueblos no contactados del Yasuní, que alcanza 818 501,42 hectáreas.
La Fundación Alejandro Labaka exhortó a los ministerios de Recursos no Renovables, de Ambiente y de Justicia, "por humanidad y en respeto del principio de precaución", a que se declare, por 5 años, una moratoria de las actividades extractivas en el Bloque 55, Armadillo, para evitar más muertes en las inmediaciones del Parque Nacional Yasuní.
Los indígenas waorani Caiga Lincaye Baihua y su compañera Tweñeme fueron atacados ayer cuando iban en canoa por el río Shiripuno, cerca de Bahameno, Amazonía de Ecuador. El hombre murió y la mujer resultó herida.
En mi calidad de Procurador General del Estado Subrogante me refiero al artículo de opinión publicado por Diario El Comercio (página 10) , del jueves 22 de octubre de 2015, titulado: "La Audiencia", el que consigna información imprecisa sobre hechos del caso de los pueblos en aislamiento Tagaeri y Taromenane, que se desarrolló el pasado 19 de octubre de 2015 en Washington. El articulo de opinión en su parte específica señala: "...La defensa de los indígenas, empeñada en que el único problema para la supervivencia de estos pueblos es el petróleo. El Estado, empeñado en mostrar que tener un marco jurídico es suficiente para garantizar la vida de esas gentes de la selva. Además, calificando de "un problema interétnico", sin más, al enfrentamiento del 2013, librándose de sus responsabilidades... El Estado, como nunca antes, ha tenido y tiene hoy, información sobre los grupos ocultos... A pesar de ello, hay algunos funcionarios que insisten en decir que son rumores las señas de su presencia
El Estado ecuatoriano estuvo representado en una de las audiencias convocadas para hoy, 19 de octubre de 2015, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para tratar casos que atañen a ese país, pero faltó a las tres siguientes.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inició hoy (19 de octubre del 2015) su 156 periodo de sesiones con cuatro audiencias sobre la situación en Venezuela, una sobre los pueblos indígenas en Ecuador y otra sobre las industrias extractivas en el continente.
Sin Ompure, todo lo que ahora se diga de los pueblos en aislamiento voluntario taromenane pasa por el filtro oficial. Luego de su trágica muerte, el Estado autorizó la explotación petrolera en los bloques 31 y 43 del Yasuní y reanudó las actividades extractivas en Armadillo.
El 26 de mayo del 2003, entre 12 y 26 miembros del pueblo taromenane fueron asesinados. Eran hombres, mujeres y niños, cuyas casas fueron quemadas y sus cuerpos cercenados. Más de 11 años después, el Estado ecuatoriano aún no halla a los culpables de esta matanza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió a trámite una petición de un grupo de ciudadanos a favor de los pueblos no contactados tagaeri y taromenane, que habitan en la Amazonía ecuatoriana.
José Miguel Goldáraz es una insignia entre los capuchinos del Aguarico. En el verano de 1987 descendió en una cuerda, desde un helicóptero militar, para rescatar en la selva de Tigüino los cuerpos lanceados de Inés Arango y del monseñor Alejandro Labaka, su hermano de misión muerto.
En hilera. De nada sirve dejarse marcar el brazo con el número de turno (207 a las 10:48) ni retirar los cordones de las botas ni encargar gafas, llaveros o cualquier objeto que pudiera derivar en uso cortopunzante.
La motoniveladora de 15 toneladas de potencia ruge al pasar como podadora sobre el ripio de la plataforma Armadillo, una planicie del tamaño de cuatro canchas de fútbol, en medio de la jungla amazónica del Ecuador.
Los guerreros waorani se alistan para la cacería. Preparan tres lanzas de madera que miden 3 metros y medio de largo cada una y cerbatanas hechas de pambil. Afilan finísimos dardos envenenados en las puntas, que guardan dentro de una caña guadúa negra. Su objetivo es matar monos, sajinos, guantas y huanganas para que sus esposas e hijos se alimenten.
A los indígenas waorani los arrancaron de la selva, de su territorio de caza, de su trabajo en la petrolera, de su raigambre guerrera. Con leyes que apenas comprenden, la justicia mestiza confinó a siete de ellos a la cárcel y los aisló, enjuiciados por la matanza de un clan taromenane: indígenas de los pueblos no contactados del Yasuní.
Un grupo de mujeres waorani los esperaba en el coliseo de la comunidad de Dicaro, en plena selva ecuatoriana. Cantaron en idioma wao tedeno y dieron la bienvenida a cinco procesados por la matanza de un clan taromenane, en marzo del 2013.